El 30 de octubre de 2026, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura de Querétaro aprobaron el dictamen de las iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia de reforma judicial, armonización y elección de 2028. La reunión, en Santiago de Querétaro, fue presidida por el diputado Guillermo Vega Guerrero e integrada por los diputados Homero Barrera McDonald, Enrique Antonio Correa Sada y Eric Silva Hernández. También participaron los legisladores Teresita Calzada Rovirosa y Arturo Maximiliano García Pérez, y el director Jurídico del Poder Judicial del estado, Bolívar Rubio Medina.
Vega Guerrero informó que los 18 ayuntamientos fueron notificados del dictamen los días 5, 6 y 7 de octubre de 2026 para que enviaran sus consideraciones. Dentro del plazo respondieron Amealco de Bonfil, Colón, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Tequisquiapan y Tolimán, y manifestaron no tener observaciones.
El texto sustituye un dictamen previo, después de que el Congreso de la Unión modificó la reforma federal en la materia. Traslada la elección judicial estatal de 2027 al primer domingo de junio de 2028, en coincidencia con la elección judicial federal. Las personas electas rendirán protesta el 1 de octubre de 2028. Quienes ejercen funciones jurisdiccionales continuarán hasta el 30 de septiembre de 2028, se prevén mecanismos provisionales para cubrir vacantes y se extiende hasta esa fecha la presidencia del Poder Judicial.
Cada poder tendrá un comité de evaluación de cinco integrantes. Sus coordinadores formarán una comisión coordinadora para homologar requisitos, exámenes y criterios de selección. Cada comité evaluará cuatro perfiles por cargo y, mediante insaculación pública, reducirá la lista a dos, con criterio de paridad de género. El Ejecutivo postulará por conducto de su titular; el Legislativo requerirá el voto de dos terceras partes de sus integrantes, y el Judicial, nueve votos del pleno del Tribunal Superior de Justicia.
El órgano de administración judicial quedará integrado por cinco personas: una del Ejecutivo, una del Legislativo y tres del Poder Judicial. El tribunal de disciplina evaluará el desempeño y promoverá capacitación permanente. Las disposiciones permiten a los consejeros de la Judicatura suplir temporalmente, hasta por 60 días y conforme a la prelación establecida, las ausencias por vacantes en dos salas del Poder Judicial. Vega Guerrero indicó que la propuesta busca armonizar las reglas estatales con el modelo federal y dar certeza a la transición de 2028, y que en una etapa posterior se trabajará la reforma a las leyes secundarias.
