El índice Semillas en Trayectoria sitúa el nivel de integración de las personas migrantes en México en 0.6 sobre 1. El estudio indica que casi 60 % de esta población percibió discriminación al buscar empleo y 59 % en centros de salud. El 4.9 % la reportó al intentar alquilar una vivienda, frente a 1.8 % de la población local. Las personas desplazadas concentran la mayor negación del derecho a la educación (4.6 %) y la percepción más alta de discriminación en ese ámbito (63.9 %).
José Antonio Aguilar, coautor del índice y director de RacismoMX, precisó que los datos retratan una realidad anterior a 2025, con base en encuestas censales levantadas hasta 2024, antes del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El especialista estimó que la integración sería peor a partir de 2025 por prácticas más restrictivas del Estado mexicano, en buena medida como efecto de la política migratoria estadounidense.
Aguilar sostuvo que México opera como un filtro de la migración hacia Estados Unidos. Según la Patrulla Fronteriza de ese país, los encuentros con migrantes en la frontera con México cayeron más del 84 % entre el año fiscal 2024 y el 2025, al pasar de más de 1.5 millones a 237 mil 538. En paralelo, México redujo 97 % la emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias: de 128 mil 974 en 2023 a 3 mil 755 entre enero y noviembre de 2024, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Amarilis Eunice, subdirectora de Comunidad y Acompañamiento de Casa Centroamérica, llegó a México en 2024 tras huir de persecución política en Nicaragua. Obtener documentos le tomó casi nueve meses; en ese tiempo no pudo abrir una cuenta bancaria ni encontrar empleo. Relató el caso de una mujer que lleva más de un año esperando la resolución de su solicitud y no ha podido inscribirse en dos maestrías para las que fue aceptada y becada, por falta de resolución migratoria.
Eunice señaló que los documentos son necesarios para acceder a salud, educación, trabajo y servicios bancarios. Aguilar vinculó las demoras en trámites de documentos y de refugio con la imposibilidad de trabajar, estudiar o usar servicios financieros, lo que incrementa la vulnerabilidad de quienes permanecen en el país.
