El diputado Eric Silva Hernández acompañó el 23 de octubre de 2026 a habitantes de San José La Laja, en el municipio de Tequisquiapan, para denunciar abusos atribuidos a supuestas financieras que ofrecen microcréditos a personas en situación de extrema necesidad. De acuerdo con los reportes, les hacen firmar pagarés en blanco y no les explican con claridad las condiciones de los intereses ni las consecuencias de un pago fuera de tiempo.
El legislador señaló que estas prácticas se han detectado en Colón, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Tolimán, Peñamiller y Tequisquiapan. Indicó que, aunque este tipo de préstamos no es reciente, han aumentado las supuestas financiadoras, sobre todo en comunidades. Se brinda apoyo para presentar denuncias, pero advirtió que muchas personas afectadas se niegan a hacerlo por miedo a represalias, pues han recibido amenazas de los prestamistas.
Silva Hernández anunció que sostendrán una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, para exponer el problema. Según explicó, las supuestas financiadoras entregan a bufetes jurídicos los pagarés firmados en blanco para que estos los cobren o promuevan embargos contra los deudores.
En los municipios del semidesierto ya trabajan abogados, entre ellos Miguel Hernández, Aldo Rodríguez y Diana Olvera. Olvera informó que dan acompañamiento jurídico a quienes desean denunciar los abusos ante la fiscalía y asesoran a los pobladores en materia penal y mercantil, incluido lo relacionado con los pagarés, para que conozcan cómo actuar y cómo defenderse.
El maestro Jorge Patiño, trabajador comunitario que detectó el problema en La Laja, explicó que en esa comunidad localizaron 15 supuestas financieras que, dijo, operan de forma irregular y no están reguladas ante ninguna autoridad. Relató que ofrecen un nuevo crédito para cubrir el adeudo anterior y así acumulan deudas, con la perspectiva de embargar después casas o terrenos. Personas afectadas contaron que un préstamo de 15 mil pesos llegó a convertirse en una deuda de 60 mil; que se cobra tanto al aval como al deudor, y que en embargos han entrado a domicilios y se han llevado herramientas de trabajo y bienes de primera necesidad, práctica que calificaron de ilegal.
