Los diputados Eric Silva Hernández y Claudia Díaz Gayou presentaron el 5 de noviembre de 2026, en Santiago de Querétaro, una iniciativa para reformar el Código Ambiental del Estado y regular la instalación de centros de datos. En el acto participaron las activistas Teresa Roldán Soria y Lorenia Trueba Almada, integrantes del Colectivo Voceras de la Madre Tierra.
Silva Hernández explicó que se trata de una iniciativa ciudadana elaborada por colectivos y activistas. El planteamiento busca dar una figura legal a estos centros, porque el Código Ambiental vigente no establece cómo deben operar este tipo de empresas. La propuesta exige una evaluación de impacto ambiental obligatoria. Según el legislador, la Secretaría de Desarrollo Sustentable no solicita actualmente esa manifestación.
La iniciativa también pide una consulta pública obligatoria y previa a la aprobación de la inversión. Silva Hernández señaló que la ley vigente contempla la posibilidad de consultar, pero no la regula, y que el proyecto incluye un esquema para ese procedimiento. Además, propone un inventario público de los centros de datos, con información sobre los recursos naturales que utilizarán, como agua y electricidad. Indicó que hoy parte de esos datos se maneja como información reservada. El texto contempla un reporte anual obligatorio; en la norma actual, la presentación de la cédula de operación anual es voluntaria.
Claudia Díaz Gayou afirmó que el desarrollo económico debe observar condiciones jurídicas y sociales que garanticen el futuro de los queretanos. Señaló que el estado concentra más del 70 por ciento de los centros de datos establecidos en el país y que falta un marco regulatorio para su operación. La diputada sostuvo que estos centros cuentan con condiciones favorables en agua, energía y suelo, y que las ofertas de empleo no corresponden con los puestos que, dijo, realmente generan.
Teresa Roldán consideró que la expansión de centros de datos no puede valorarse solo por los millones de dólares de inversión. Recordó que Querétaro enfrenta estrés hídrico la mayor parte del año y planteó que el desarrollo también debe medirse en agua, ecosistemas y condiciones de vida de quienes habitan la entidad. Lorenia Trueba advirtió un vacío informativo sobre la regulación de estos centros y expuso que la iniciativa plantea una suspensión provisional, a nivel estatal y federal, para que dejen de aprobarse nuevos proyectos, al argumentar que el estado no cuenta con agua suficiente, un problema que, según dijo, ha sido reconocido públicamente por las autoridades.
