Santiago de Querétaro, Qro., 30 de abril de 2026.- Desde tribuna, durante sesión de Pleno, el diputado Ulises Gómez de la Rosa fijó posicionamiento a favor del dictamen que autoriza la desincorporación de un predio propiedad del municipio de Tequisquiapan para su destino a programas de vivienda social a través del INFONAVIT, al destacar que se trata de una acción que responde a una política social de fondo en favor de las familias de bajos y medianos ingresos.
Al hacer uso de la voz, el legislador subrayó la relevancia del dictamen al señalar que “no es una simple manifestación de su voluntad”, sino una decisión que implica reconocer que la vivienda social en el estado ha sido históricamente desatendida.
En ese sentido, afirmó que “el derecho a la vivienda representa la consolidación del patrimonio de las familias y la seguridad habitacional”, al tiempo que lamentó que durante años se haya priorizado el desarrollo de vivienda media y residencial por encima de las necesidades de los sectores más vulnerables.
Durante su intervención, advirtió que el crecimiento económico e industrial de Querétaro ha venido acompañado de un aumento en el valor del suelo y procesos de especulación que han dificultado el acceso a vivienda asequible, dejando fuera del mercado a miles de familias que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir una casa.
Asimismo, cuestionó el abandono de este tipo de políticas públicas al señalar: “¿Dónde queda la población de bajos ingresos que se encuentra en rezago habitacional o con necesidad de vivienda y sin acceso a recursos o financiamiento suficiente?”, enfatizando la urgencia de atender esta problemática desde una visión social.
En ese contexto, destacó que actualmente existe una necesidad cercana a 80 mil viviendas de interés social en la entidad, con al menos 40 mil familias fuera del mercado por falta de oferta accesible, lo que evidencia la dimensión del reto que enfrenta Querétaro.
El diputado reconoció el esfuerzo de municipios como Tequisquiapan y Ezequiel Montes por impulsar este tipo de programas y, al mismo tiempo, hizo un llamado a los gobiernos municipales, particularmente de la zona metropolitana, a sumarse a estrategias que permitan garantizar vivienda digna para la población trabajadora.
Finalmente, Gómez de la Rosa reiteró que este dictamen forma parte de una visión de desarrollo con justicia social, en la que el acceso a la vivienda debe entenderse como un derecho humano.
“Nos comprometemos a que el acceso a la vivienda adecuada sea un derecho, no un bien de consumo”, concluyó, al emitir su voto a favor de la propuesta.
