La Organización de las Naciones Unidas pidió al gobierno de México investigar el uso excesivo de la fuerza por parte de policías de Jalisco durante la manifestación por agua contaminada en Guadalajara. Gina Romero, relatora especial de la ONU, calificó de preocupante el presunto empleo de gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de dispersión contra los manifestantes, así como las supuestas detenciones arbitrarias.
Romero indicó que las autoridades deben investigar de forma pronta e independiente las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y otras posibles violaciones de derechos humanos, y abstenerse de discursos que estigmaticen a quienes ejercen libertades fundamentales. El pronunciamiento fue publicado en la red social X.
El domingo 11 de octubre, miles de habitantes del área conurbada de Guadalajara salieron a las calles para protestar por el agua contaminada que llega a sus casas. La movilización inició de forma pacífica y terminó con detenciones y decenas de personas heridas. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, afirmó que un grupo de choque de al menos 400 personas provocó disturbios e incitó a la violencia en las inmediaciones de Casa Jalisco.
El gobernador reconoció graves errores y deficiencias en el operativo policial y adelantó que deberán investigarse y sancionarse. Informó que ya se identificó a los agentes que actuaron con violencia y sostuvo que a las personas no se les debió lanzar agua ni gas, ni quedar expuestas a la violencia.
Tras los hechos fueron detenidas 39 personas; 32 quedaron en libertad en los días siguientes. Las siete restantes, todos hombres, fueron trasladadas al complejo penitenciario de Puente Grande, señaladas por lesiones dolosas contra policías y por desobediencia o resistencia de particulares. Colectivos, abogados y familiares aseguran que ninguno cometió los delitos que se les imputan y que las detenciones fueron violentas, según videos presentados como prueba. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que participa en la defensa legal, exigió a la Fiscalía de Jalisco respetar el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada.
