La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la liberación de 32 de las 39 personas detenidas durante la protesta del domingo por agua contaminada en Guadalajara. En un mensaje en X, la dependencia precisó que nueve personas más quedaron en libertad el lunes 12 de octubre de 2026, después de las 18:00, luego de los actos violentos registrados al exterior de Casa Jalisco. Con esas salidas, suman 32 manifestantes en libertad. El mismo informe señaló que solo cinco personas permanecen detenidas por la violencia ocurrida en la manifestación. Esa cifra no coincide con el saldo de 39 detenciones y 32 liberaciones, que dejaría a siete personas bajo custodia. La Fiscalía no explicó la diferencia.
El domingo, unos 10 mil habitantes del área conurbada de Guadalajara protestaron por el agua contaminada que llega a sus casas. La movilización terminó con detenciones y decenas de personas heridas, entre ellas periodistas y policías. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, justificó la actuación de la policía estatal para contener a lo que llamó “grupos de choque” y anunció una investigación sobre los hechos, que dejaron decenas de lesionados y 39 detenidos.
Amnistía Internacional afirmó que testimonios y organizaciones elevan el número a más de 50 detenciones arbitrarias. La relatora de la ONU para la libertad de reunión y asociación, Gina Romero, llamó al gobierno a investigar de forma pronta e independiente las denuncias de uso excesivo de la fuerza y de detenciones arbitrarias. Según la información que ha recibido, gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de dispersión se emplearon de manera indiscriminada.
La protesta fue la mayor expresión de un conflicto que acumula meses de malestar en la zona metropolitana de Guadalajara. Vecinos y organizaciones denuncian que al menos 320 colonias reciben desde marzo agua con olor a cloaca, sin cloración y con presencia de heces fecales y metales pesados. El reclamo sostiene que el problema se arrastra desde hace unos tres años y se agravó en las últimas semanas, con reportes de afectaciones a la salud, gastos extra en agua embotellada y exigencias para que las autoridades declaren una alerta sanitaria.
