Fiscales generales de 15 estados y el gobernador de Pensilvania demandaron al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, y a la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Erica Schwartz, por el nuevo calendario de vacunación infantil. Los demandantes piden a un tribunal que declare ilegal ese calendario y ordene restablecer las recomendaciones anteriores.
La acción se presentó después de que los CDC publicaran el pasado enero un calendario del que quedaron excluidas siete vacunas, entre ellas las que protegen contra la hepatitis B, la gripe, el virus respiratorio sincitial (VRS) y la meningitis. La demanda fue interpuesta por Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Míchigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Rhode Island y Wisconsin, además del gobernador de Pensilvania.
El escrito también impugna la destitución, en junio de 2025, de los 17 miembros con derecho a voto del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC, el grupo que durante décadas ha orientado la política de vacunación en Estados Unidos. Según los fiscales, esos integrantes fueron reemplazados sin los procedimientos requeridos por personas que, afirman, carecen de la experiencia o las cualificaciones necesarias. Después, el comité votó eliminar la recomendación de aplicar la vacuna contra la hepatitis B a todos los bebés al nacer, vigente desde 1991.
Los demandantes señalan a Kennedy como un activista antivacunas y sostienen que sus opiniones carecen de fundamento científico y pueden perjudicar la salud pública. En un comunicado conjunto citan estimaciones de investigadores según las cuales, entre los niños nacidos en Estados Unidos entre 1994 y 2023, la vacunación rutinaria previno alrededor de 508 millones de casos de enfermedad, 32 millones de hospitalizaciones y más de 1,1 millones de muertes, además de un ahorro social de 2,7 billones de dólares.
Argumentan que, al aprobar el cambio de calendario, las autoridades hicieron caso omiso de la evidencia científica que respaldaba las recomendaciones previas del ACIP y los CDC. Sostienen que el nuevo esquema puede reducir las tasas de vacunación, aumentar la incidencia de enfermedades prevenibles y generar confusión entre la población. Piden que se declaren ilegales el calendario y los nombramientos al ACIP, y que se revoque la decisión del comité sobre la vacuna contra la hepatitis B. También afirman que los estados tendrán que destinar tiempo y dinero a aclarar la confusión derivada de los cambios.
