El seguimiento a siete programas federales estima que el gasto ejercido en este rubro pasó de 304.6 millones de pesos en 2018 a 28 mil 050.2 millones en 2024. Para 2026 quedaron aprobados 37 mil 192.1 millones, de los que 97.5% corresponde a una sola transferencia. Educación, salud, inclusión laboral y garantía de derechos operan con recursos residuales.
San Juan del Río, Qro., 3 septiembre 2026.- El presupuesto federal identificado para personas con discapacidad se multiplicó más de 90 veces entre 2018 y 2024, al pasar de 304.6 millones de pesos a 28 mil 050.2 millones. El salto no se reparte entre salud, escuela, empleo o accesibilidad: 97.5% de esos recursos se concentra en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. En 2024 esa pensión ejerció 27 mil 362.4 millones de pesos. Para 2026 el patrón se mantiene: de 37 mil 192.1 millones aprobados, 36 mil 266 millones vuelven a esa transferencia.
En el país viven 9.5 millones de personas con discapacidad, 7.3% de la población, según el INEGI con datos de 2024. El padrón de la pensión suma 1 millón 596 mil beneficiarios, equivalentes a 16.8% de ese universo. El resto no recibe este apoyo, en parte porque el programa no está diseñado como cobertura universal para todas las edades ni en todas las entidades.
Nueve y medio millones de personas, con menos ingreso y más gasto
De las 9.5 millones de personas con discapacidad, 50.9% tiene 60 años o más y 53.4% son mujeres, de acuerdo con el instituto. Esa composición importa para el gasto público: la demanda de cuidados, rehabilitación y servicios crece con la edad.
El ingreso monetario trimestral promedio de quienes viven con discapacidad fue de 20 mil 782 pesos en 2024, frente a 31 mil 098 pesos de quienes no la tienen. Los hogares con al menos un integrante en esa condición destinaron 3 mil 415 pesos trimestrales a salud, contra 2 mil 248 pesos en el resto de los hogares, con egresos mayores en aparatos ortopédicos, terapéuticos y consulta externa.
En el mercado laboral, la tasa de participación económica es de 38.0% entre personas con discapacidad y de 60.5% entre quienes no la tienen, según cifras citadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP). El 15.8% identifica falta de oportunidades de trabajo y 31.9% reporta barreras en calles, instalaciones y transporte. En educación, 15.4% de la población con discapacidad de 12 años y más no sabe leer ni escribir y 57.6% no asiste a la escuela. Entre las personas de 18 a 70 años, 30.3% recibió algún apoyo económico o programa público, un universo más amplio que el de esta pensión y, aun así, insuficiente para la mayoría.
Los artículos 1o. y 4o. de la Constitución prohíben la discriminación por discapacidad y obligan al Estado a garantizar un apoyo económico a las personas con discapacidad permanente. El análisis presupuestario parte de esa obligación para preguntar no solo cuánto se gasta, sino en qué.
Siete programas y un instrumento que lo absorbe casi todo
El recuento no se limita a un solo padrón. Retoma el antecedente del CEFP, que había identificado siete programas federales ligados a esta población, y suma la pensión creada después del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018. Los lineamientos de esa pensión se emitieron en 2019, a cargo de la Secretaría de Bienestar.
El universo revisado incluye la atención a personas con discapacidad del ISSSTE, el mecanismo de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la pensión de Bienestar, el Programa de Atención a Personas con Discapacidad del DIF, el Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial de la SEP, la atención de planteles públicos de educación media superior con estudiantes con discapacidad y el programa de desarrollo integral del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).
Esa lista no captura todo el gasto que puede llegar de forma indirecta por salud general, infraestructura o bienestar. Tampoco mide calidad ni suficiencia de los servicios. La comparación de la pensión con los 9.5 millones de personas con discapacidad sirve como referencia de magnitud, no como cobertura formal: no todas cumplen los criterios de elegibilidad.
Con ese recorte, el crecimiento del gasto se explica sobre todo por la expansión de la pensión. En 2024, la clasificación funcional concentró 27 mil 465.9 millones de pesos en protección social, 97.9% del presupuesto ejercido analizado. Educación recibió 570.6 millones (2.0%) y justicia, 13.7 millones, menos de 0.1%.
Educación especial, DIF y Conadis, con presupuestos residuales
Fuera de la pensión, el programa con más recursos en 2024 fue el Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, con 551.3 millones de pesos ejercidos. El Programa de Atención a Personas con Discapacidad del DIF ejerció 83 millones; el de desarrollo integral de Conadis, 20.1 millones; y el de planteles de media superior con estudiantes con discapacidad, 19.2 millones.
La arquitectura queda así: una transferencia monetaria de gran escala y un conjunto de instrumentos de inclusión educativa, atención social y desarrollo institucional con capacidad presupuestaria limitada. El análisis sostiene que el aumento del gasto no se tradujo en una política igualmente robusta en todas las dimensiones que documentan las brechas de ingreso, empleo, alfabetización y accesibilidad.
Quién puede cobrar los 3 mil 300 pesos bimestrales
La pensión entrega 3 mil 300 pesos cada dos meses. Su población objetivo se concentra en niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años, y en personas de 30 a 64 años que habitan municipios o localidades indígenas, afromexicanas, con alto o muy alto grado de marginación, o entidades con convenio de universalización.
Ese diseño deja fuera a la mayoría de las personas adultas con discapacidad. El 83.2% de los 9.5 millones no recibe esta pensión. El dato de que 30.3% de las personas de 18 a 70 años obtuvo algún apoyo gubernamental muestra que hay más programas en juego, pero también que la red pública sigue sin alcanzar a la mayor parte de la población adulta en esa condición.
En las entidades sin convenio de universalización —Querétaro está en ese grupo de ocho—, el acceso de los 30 a los 64 años queda sujeto a los criterios de localidades indígenas, afromexicanas o de alta marginación. Quienes cumplen 65 años salen de este padrón y, con validación del registro, pasan a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Una transferencia grande, con pocos servicios alrededor
El análisis contrasta el esquema mexicano con otros países. En Brasil, el Benefício de Prestação Continuada otorga una transferencia mensual equivalente a un salario mínimo a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. En Reino Unido, beneficios como Personal Independence Payment, Disability Living Allowance y Attendance Allowance sumaron un gasto estimado de 39.1 mil millones de libras en 2023-2024. Australia combina la Disability Support Pension con servicios especializados; en junio de 2020 reportó alrededor de 754 mil beneficiarios de esa pensión.
Frente a esos casos, el recuento describe en México una cobertura parcial y un gasto complementario reducido en rehabilitación, cuidados, accesibilidad, educación inclusiva e inserción laboral. Estima, además, que el monto actual de la pensión mexicana tendría que multiplicarse por cuatro para acercarse al referente brasileño basado en el salario mínimo. Esa comparación pertenece al estudio; no hay en el material una cifra oficial de “suficiencia” del apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales.
Con 9.5 millones de personas con discapacidad y un envejecimiento que tiende a ampliar esa población, la presión sobre el gasto seguirá creciendo. El propio análisis advierte que el reto no es solo el tamaño de la bolsa, sino su composición: mientras la pensión concentra 97.5% de los recursos identificados para 2026, educación se queda en 2% y justicia, por debajo de 0.1%. El documento no precisa calendarios, ventanillas ni montos estatales de cofinanciamiento para ampliar la cobertura de 30 a 64 años.
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (datos del programa y del análisis)
- Monto 2026: 3 mil 300 pesos bimestrales
- Padrón referido: 1 millón 596 mil personas
- Edad en todo el país: 0 a 29 años, con discapacidad permanente
- De 30 a 64 años: solo en entidades con convenio de universalización o en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o de alto o muy alto grado de marginación
- Referencia de población: 9.5 millones de personas con discapacidad (INEGI, 2024)
Fuente informativa: ciep.mx
