E bloque de Regidores de oposición dio a conocer presuntas adjudicaciones directas, contratos fragmentados y un vacío de casi 28 millones de pesos en proyectos de alumbrado.
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Un bloque de regidores del Ayuntamiento de San Juan del Río presentó una iniciativa para exigir a las secretarías de Administración, Finanzas y Seguridad Pública Municipal, así como al Órgano Interno de Control, una rendición de cuentas detallada sobre el ejercicio del fondo federal Fortamun correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026.
La propuesta, turnada a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública el pasado 5 de agosto, fue suscrita por Vania Camacho Galván, Oscar Mauricio Sandoval García “El Gallo” y Víctor Manuel Rocha Basurto. Los promoventes advirtieron inconsistencias documentales, prácticas de fragmentación del gasto y evasión de controles institucionales tras analizar un primer reporte emitido por la Secretaría de Administración.
De acuerdo con el documento presentado por los regidores, entre los principales hallazgos destacan:
- Omisión de controles: Acusan que el 51.3 por ciento de las aportaciones federales no fue sometido al escrutinio del Comité de Adquisiciones.
- Vacío financiero en alumbrado: De un techo financiero aprobado de 32.7 millones de pesos para la compra de luminarias, solo se identificaron contrataciones por 4.8 millones, dejando sin justificar el destino de 27.9 millones de pesos.
- Contratos fraccionados: Se detectaron adjudicaciones divididas para evadir controles, como la contratación de seguridad privada para inmuebles municipales por 9.3 millones de pesos, así como esquemas similares en la compra de combustible y medicamentos.
- Adjudicación cuestionable: Denunciaron el pago de más de un millón de pesos a un despacho externo para operar un “Programa de Apoyo Policial”, argumentando exclusividad técnica, sin que esto haya impactado en la reducción de quejas por violaciones a derechos humanos.
Los integrantes del cabildo señalaron que, frente a un presupuesto del Fortamun 2026 que asciende a más de 327 millones de pesos, resulta incongruente destinar recursos a empresas privadas en lugar de priorizar salarios dignos, equipamiento táctico y cobertura médica para la policía preventiva.
En caso de ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, la iniciativa obligaría a las dependencias a entregar un informe detallado con expedientes técnicos en un plazo de 15 días hábiles, presentar una radiografía sobre las condiciones laborales y operativas de la corporación policial, e iniciar una auditoría especial por parte del Órgano Interno de Control.
Adicionalmente, se instruiría a la Secretaría del Ayuntamiento remitir copias certificadas del expediente a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para su revisión dentro de la Cuenta Pública.
