El diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión legislativa de Justicia, afirmó que una jueza no puede ser sancionada por el contenido de sus criterios jurisdiccionales. En rueda de prensa realizada el 8 de octubre de 2026 en Santiago de Querétaro, sostuvo que en un Estado democrático las decisiones judiciales se combaten con argumentos jurídicos y no con procedimientos disciplinarios.
El legislador se refirió al caso de Martha Eugenia Magaña López, entonces jueza y hoy retirada, quien el 1 de agosto de 2024 concedió la primera suspensión provisional contra la reforma judicial, cuando esta aún no había sido aprobada. Según expuso, la Cámara de Diputados decidió no acatar esa resolución y, después, diputados federales de Morena promovieron denuncias en su contra.
Vega Guerrero recordó que el Consejo de la Judicatura Federal consideró que se trataba de un asunto jurisdiccional y no disciplinario, y desechó la denuncia. Indicó que, más de un año después, el Tribunal Federal de Disciplina Judicial retomó el caso e investiga a Magaña López por una presunta falta grave. La exjueza no buscó la reelección, concluyó su encargo en 2025 y se retiró; aun así, el expediente fue reabierto.
Señaló que, al no estar en funciones, ya no puede ser destituida, pero podría enfrentar inhabilitación o multa. A su juicio, el procedimiento envía un mensaje a los jueces en activo. Pidió al Tribunal Federal de Disciplina Judicial garantizar el debido proceso, actuar con imparcialidad y no usar sus facultades para castigar criterios jurisdiccionales. Afirmó que ese órgano no debe revisar el fondo de las resoluciones, salvo que se demuestre una violación al reglamento de trabajo o un acto ilegal.
También planteó que, al formularse la reforma judicial en Querétaro, el Tribunal de Disciplina Judicial local no debe tener facultades para actuar contra criterios jurídicos y jurisdiccionales. Añadió que la integración de ese tribunal debe seguir un proceso estricto, para evitar que lo ocupen militantes partidistas.
