El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Homero Barrera Mcdonald, encabezó el 11 de septiembre de 2026, en Santiago de Querétaro, el foro “Derechos Sociales: Latinoamérica y los retos de la Constitución local”. En el encuentro anunció el inicio de los trabajos para elaborar una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Querétaro con el fin de fortalecer el reconocimiento y la garantía de los derechos sociales.
Participaron Marco Antonio León Hernández, jurista, doctor en Derecho Constitucional y regidor del municipio de Querétaro, quien intervino en la elaboración de la última Constitución estatal, y Fernando Casado Gutiérrez, consultor español especialista en derechos humanos y sociales. Barrera indicó que el análisis se hará desde una perspectiva jurídica, constitucional y de derechos humanos, para valorar los alcances de una reforma y los mecanismos de garantía progresiva.
El legislador planteó que la iniciativa revisará la incorporación y el fortalecimiento de derechos sociales fundamentales con criterios de responsabilidad presupuestal, solidez jurídica y aplicación progresiva, de modo que las obligaciones constitucionales puedan convertirse en políticas públicas viables. Precisó que el propósito es transitar de una política social basada en programas o apoyos gubernamentales a pisos mínimos de bienestar protegidos por la Constitución, por encima de partidos, administraciones y procesos electorales.
León Hernández consideró deficiente el modelo de las comisiones defensoras de derechos humanos, al señalar que no pueden hacer efectivas sus recomendaciones. Afirmó que en las áreas de seguridad faltan funcionarios con identidad ética en valores humanos. Añadió que México y Querétaro cuentan con un marco jurídico desarrollado, pero que el desafío es reducir la distancia entre la Constitución escrita y la que efectivamente vive la población.
Casado Gutiérrez sostuvo que un poder público responsable no debe argumentar falta de recursos cuando se trata de garantizar derechos para el conjunto de la población, y advirtió que una cobertura parcial puede derivar en conflictividad social. El consultor indicó que la conciencia sobre los derechos sociales debe traducirse en políticas públicas y en una mejor distribución de la riqueza.
