Durante la tercera mesa de análisis, activistas, académicos y comunidades indígenas debatieron sobre la progresividad de las tarifas y exigieron un Consejo Ciudadano vinculante y descentralizado.
Santiago de Querétaro, Qro. 16 mayo 2026.- Con la participación de 21 colectivos, organizaciones ambientalistas, académicos y representantes de pueblos originarios, se llevó a cabo la tercera mesa de trabajo del Parlamento Abierto para la creación de la nueva Ley de Agua del Estado de Querétaro, enfocada en el eje de “Costos, tarifas y participación ciudadana”.
El foro, moderado por la investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Diana Olvera Robles, concentró el debate en la necesidad de estructurar un sistema de cobro equitativo y en el rediseño de las herramientas de vigilancia ciudadana frente a los organismos operadores.
Durante el primer bloque de análisis, los panelistas abordaron los límites en los costos del vital líquido. Entre las principales exigencias, las organizaciones plantearon fijar un sistema de subsidios escalonados para proteger a los sectores de menores ingresos, incluyendo la propuesta de garantizar al menos 10 metros cúbicos de agua gratuitos (subsidiados al 100%) para zonas identificadas con alta vulnerabilidad.
Asimismo, se propuso plasmar en la ley el principio de progresividad, estableciendo tarifas más altas para los grandes consumidores e implementando cobros diferenciados según la clasificación territorial.
Por su parte, la comitiva indígena de Santiago Mexquititlán (Amealco) y La Esperanza (Colón) solicitó formalmente la reducción de los costos por contratos de conexión en sus comunidades, recordando que es obligación constitucional del Estado garantizar el acceso al agua.
El segundo eje de la mesa se centró en la figura del Consejo Ciudadano del Agua. Los activistas y académicos propusieron transitar hacia una ciudadanía profesionalizada con facultades reales de supervisión y fiscalización, exigiendo que las resoluciones de este órgano tengan una vinculatoriedad sólida con la autoridad estatal.
Para garantizar la pluralidad, los participantes pidieron eliminar la sobrerrepresentación de la zona metropolitana de Querétaro dentro del Consejo, integrando de manera obligatoria a representantes de los municipios más afectados por la escasez, asegurando además la paridad de género y cuotas para pueblos indígenas.
Finalmente, los ponentes advirtieron que la exigencia de profesionalización no debe limitarse a la ciudadanía, por lo que formularon como requisito legal que los funcionarios que integren la Comisión Estatal de Aguas (CEA) sean estrictamente expertos en materia hídrica.
