La iniciativa presentada en la Legislatura local busca frenar las sanciones anticipadas contra el magisterio, asegurando su derecho a una defensa adecuada sin descuidar los protocolos de protección estudiantil.
Santiago de Querétaro, Qro., 17 mayo 2026.- Con el objetivo de brindar certeza jurídica al magisterio y evitar la imposición de sanciones definitivas sin resoluciones formales, la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Querétaro.
La propuesta legislativa plantea la integración de un nuevo capítulo enfocado en regular la actuación de las autoridades educativas cuando se inicien procedimientos administrativos en contra del personal docente. El eje central es garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de las maestras y maestros, sin que esto comprometa los protocolos de protección dirigidos a las niñas, niños y adolescentes.
En su exposición de motivos, la legisladora reconoció que los protocolos de actuación ante denuncias en el ámbito escolar se han fortalecido; sin embargo, señaló que existen vacíos procesales que generan discrecionalidad y vulneran la defensa del personal educativo.
Para frenar esta problemática, la iniciativa estipula por ley que las medidas precautorias implementadas contra un docente deberán ser estrictamente temporales, debidamente fundadas y motivadas. Además, subraya que por ningún motivo estas acciones preventivas podrán constituir o equipararse a sanciones definitivas.
El documento normativo blinda derechos fundamentales para los trabajadores de la educación sujetos a una investigación, tales como el derecho de audiencia, la garantía de una defensa adecuada, el acceso equitativo a las pruebas y el trato digno.
Adicionalmente, la reforma obliga a que todas las actuaciones administrativas institucionales se desarrollen bajo una perspectiva de género, buscando prevenir y erradicar prácticas discriminatorias en el sistema educativo estatal.
Finalmente, el proyecto aclara que la implementación de estas nuevas disposiciones no generará un impacto presupuestal para el estado, ya que la operatividad de la reforma dependerá únicamente de la adecuación legal a los mecanismos y protocolos administrativos ya existentes.
