A través de una reforma al artículo 30 Ter de la Constitución local, legisladores de la 4T buscan que la elección regrese a la Legislatura mediante una convocatoria ciudadana abierta, evitando la imposición de “fiscales a modo”.
Santiago de Querétaro, Qro., 21 mayo 2026.- Luego de que el Poder Ejecutivo estatal enviara a la Legislatura la terna para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, diputados de la Cuarta Transformación (4T) presentaron una iniciativa de reforma constitucional para revertir este modelo y devolver al Congreso local la facultad exclusiva de designar dicho cargo.
La propuesta, impulsada por los legisladores Claudia Díaz Gayou, Blanca Flor Benítez Estrada y Eric Silva Hernández, busca modificar el artículo 30 Ter de la Constitución local para derogar la atribución del gobernador de imponer a los candidatos, exigiendo el retorno a un proceso de selección basado en convocatorias públicas y diálogos democráticos abiertos a la ciudadanía.
La diputada Claudia Díaz Gayou advirtió que el mecanismo actual convierte a la Legislatura en una simple “ventanilla de paso” obligada a elegir sobre perfiles predeterminados por la administración estatal.
“Tener un fiscal en combate a la corrupción a modo, me parece que es algo que tenemos que dejar a un lado y no permitir que el Ejecutivo tome esa decisión. […] ¿Cómo se podría hacer (la investigación)? Cuando van a poner a un fiscal a modo, pues eso rompe la imparcialidad o el piso parejo para todos los servidores públicos que pudieran tener una posible sanción”, cuestionó la legisladora.
Díaz Gayou recordó que la actual normativa es producto de una reforma avalada en septiembre de 2024 en el Centro de Congresos, sesión que se llevó a cabo en medio de movilizaciones ciudadanas que intentaban frenar su aprobación.
Por su parte, el diputado Eric Silva Hernández hizo un llamado a la sensatez del pleno, recordando que el fiscal saliente fue elegido originalmente mediante un proceso interno de la Legislatura. Advirtió que perpetuar este esquema podría derivar en impunidad frente a derroches u obras mal planeadas, al contar con funcionarios que dictaminen que “no pasa nada” o que no hubo daño al erario.
Para finalizar, la diputada Blanca Benítez aclaró que la iniciativa no representa un ataque contra las personas que integran la terna actual enviada por el gobernador, sino un rechazo sistemático al procedimiento por falta de legitimidad.
“No es viable, ni es aceptable, social o moralmente, que se esté proponiendo a alguien que va a revisarlo. […] Lo que nosotros estamos cuestionando es la forma”, concluyó la legisladora.
