Santiago de Querétaro, Qro., 6 de mayo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y proteger la economía de las familias queretanas, la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la Fracción Legislativa del PRI en la LXI Legislatura, presentó una Iniciativa de Ley para reformar el artículo 40 de la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de Querétaro.
La propuesta busca establecer que las personas no estén obligadas a pagar los servicios de salvamento, arrastre y depósito vehicular cuando el acto que dio origen a dichos servicios como una infracción o aseguramiento haya sido revocado o declarado nulo por la autoridad competente.
“La ley debe ser justa y congruente. No es correcto que una persona tenga que pagar por un acto que la propia autoridad ha reconocido como indebido o inválido”, señaló la legisladora.
Actualmente, la legislación vigente establece que, aun cuando una resolución administrativa o judicial declare inválido el acto que originó el arrastre o depósito de un vehículo, el ciudadano debe cubrir estos costos, lo que representa una afectación directa a su economía y limita el alcance real de las resoluciones de las autoridades.
En este sentido, la diputada Meza explicó que su iniciativa busca corregir esta inconsistencia legal y garantizar que las decisiones de las autoridades tengan efectos reales en beneficio de la ciudadanía.
Asimismo, destacó que existen criterios del Poder Judicial que han señalado la necesidad de ajustar esta disposición, al considerar que vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva.
“Con esta reforma damos un paso hacia un sistema legal más justo, donde las resoluciones no se queden en el papel, sino que realmente protejan a las y los ciudadanos”, agregó.
La iniciativa también tiene como propósito fortalecer la coherencia del marco jurídico estatal y brindar mayor certeza a las personas usuarias del servicio de transporte en Querétaro.
Finalmente, la legisladora reiteró su compromiso de seguir impulsando propuestas que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía y que contribuyan a construir un estado más justo y equitativo.
