La diputada federal y presidenta del PRI en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, cuestionó desde la tribuna de la Cámara de Diputados la incorporación del artículo 403 Bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La disposición contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por el uso indebido, a escala comercial, de la identidad gráfica de instituciones públicas cuando exista intención de engañar y cometer un ilícito.
Arredondo Ramos advirtió que, aunque la medida se presenta como una forma de proteger la identidad institucional y evitar engaños, su redacción puede interpretarse de manera que afecte la crítica política, la sátira y la libertad de expresión. Sostuvo que ninguna disposición legal debe servir para intimidar a periodistas, caricaturistas, creadores de contenido o ciudadanos que cuestionan al poder. Afirmó que ese derecho no puede quedar sujeto a la comodidad de quienes gobiernan y que una democracia debe garantizar el disentimiento, la denuncia y la opinión, incluso cuando resulte incómoda.
La legisladora priista recordó que México cuenta con una tradición de crítica política a través del humor, la caricatura y la sátira. Señaló que las redes sociales y las nuevas tecnologías han ampliado ese ejercicio, pues cualquier persona puede, desde un teléfono celular, elaborar una caricatura, compartir un meme o manifestar inconformidad con las decisiones de las autoridades. Cuestionó si también se pretende controlar esa forma de expresión. Acusó a MORENA de buscar, bajo el argumento de proteger la imagen institucional y de otorgar más derechos, controlar la opinión pública y afectar la pluralidad.
En la misma intervención, Abigail Arredondo acusó a ese partido de desviar la atención de problemas del país, entre ellos la inseguridad, las deficiencias del sistema de salud, los señalamientos de corrupción y el creciente endeudamiento público. Durante su participación utilizó un objeto simbólico como protesta por lo que, a su juicio, pretende la reforma: callar y someter a quienes mantienen una postura crítica. Dijo que no permitirán que maniobras legales acaben con los espacios de crítica ni con las libertades democráticas, y afirmó que prefiere la cárcel antes que la sumisión.
