La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que obliga a las plataformas digitales a adoptar medidas para proteger a niñas, niños y adolescentes, impedir su acceso a determinados contenidos y establecer condiciones de seguridad desde el diseño de sus servicios. El instrumento, dirigido a la violencia en redes sociales, entrará en vigor en un mes.
Antes de la firma, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa Alcalde, explicó que las empresas tendrán un máximo de 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor, para documentar e informar las acciones implementadas. El plazo se acordó con las plataformas en una segunda reunión en la que participaron Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei. El decreto se fundamenta en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, relativo al acceso y uso seguro de internet, y abarcará servicios que permitan la interacción, la comunicación, la generación, la difusión o el intercambio de contenidos entre usuarios.
Las plataformas no podrán permitir a menores el acceso, la exposición o la recomendación de contenidos que generen o promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios. La restricción también incluye violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito. Deberán identificar y remover de inmediato cuentas o contenidos vinculados con esas conductas, clasificar los materiales por edades y verificar la edad de las personas usuarias.
Las empresas tendrán que ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, así como mecanismos para reportar contenidos. También deberán activar de manera predeterminada la privacidad y la seguridad, publicar los criterios usados para identificar y retirar materiales, y mantener un punto de contacto para atender requerimientos de las autoridades investigadoras. Además, deberán preservar y entregar evidencia o información relevante en casos de riesgo y alertar a las autoridades cuando detecten contenidos que atenten contra la vida.
Como acciones complementarias, Alcalde mencionó la coordinación con las secretarías de Educación Pública y de Salud, el acompañamiento psicológico mediante la Línea de la Vida y las asambleas de la guía ABC de las emociones, orientadas a difundir información sobre salud mental y uso de redes sociales en la comunidad educativa. El decreto es obligatorio, pero no punitivo. Sheinbaum indicó que la Agencia de Transformación Digital dará seguimiento al cumplimiento y advirtió que, si las plataformas no lo acatan, el gobierno avanzaría hacia una ley que incluiría sanciones.
