El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, trabaja en el diseño de una Estrategia Nacional de Integridad Electoral ante presuntas irregularidades en los procesos de contratación del Instituto Nacional Electoral (INE). La propuesta abarca al órgano nacional y a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
El planteamiento busca sustituir el esquema centrado en la investigación y la sanción posterior de anomalías por un modelo preventivo sobre el uso de los recursos públicos destinados a los procesos democráticos. Como parte del análisis, se evalúa establecer criterios uniformes para normar las adquisiciones en todo el país.
Entre las herramientas en revisión figuran un Catálogo Nacional de Bienes e Insumos Electorales, que definiría con precisión técnica los requerimientos de compra, y un sistema de precios de referencia apoyado en registros históricos. Ese sistema permitiría cotejar costos entre el INE y los OPLEs, identificar variaciones injustificadas y buscar mejores condiciones económicas para el Estado.
También se proyecta pedir a la autoridad en materia de competencia económica un estudio del mercado de insumos electorales, que incluye la impresión de boletas y credenciales para votar, mamparas, vehículos, servicios de traslado y materiales de educación cívica. El objetivo es identificar riesgos de alta concentración de proveedores, escasa competencia, manipulación de precios, baja calidad de los bienes o posibles prácticas de colusión.
La estrategia contempla requisitos más estrictos para las empresas contratistas, con comprobación de capacidad técnica, económica y operativa, además del cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social. Asimismo, plantea revisar posibles vínculos entre servidores públicos y proveedores para evitar conflictos de interés, dar prioridad a licitaciones abiertas y articular la fiscalización entre los órganos internos de control del INE y de los OPLEs, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos estatales. Ramírez Cuéllar también propuso compartir infraestructura y tecnología para reducir duplicidades y gastos.
