La iniciativa plantea crear una Comisión de Verificación que consultará antecedentes con instancias de inteligencia y seguridad.
Ciudad de México., 22 mayo 2026.- Con la mira puesta en las elecciones de 2027, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío de una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuyo objetivo es evitar que los partidos políticos postulen a candidatos con nexos con la delincuencia organizada.
El eje central de la iniciativa es la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano que dependerá del Instituto Nacional Electoral (INE) y que funcionará como un enlace institucional entre las fuerzas políticas y las autoridades de inteligencia y procuración de justicia del Estado mexicano.
Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, detalló que esta Comisión estará conformada por cinco consejeros electorales, elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años. El proceso de evaluación se desarrollará bajo estricta confidencialidad para respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, operando mediante los siguientes pasos:
- Consentimiento y entrega de listas: Los candidatos deberán otorgar su consentimiento obligatorio para ser evaluados. Posteriormente, los partidos políticos entregarán de forma voluntaria la lista de sus aspirantes a la Comisión.
- Cruce de información: La Comisión consultará los nombres con dependencias clave: UIF, CNBV, CNI y FGR.
- Clasificación de riesgo: Las instituciones de seguridad analizarán los perfiles y emitirán un veredicto clasificando el caso como “no existe riesgo” o señalando la existencia de un “riesgo razonable”.
- Responsabilidad partidista: La Comisión notificará los resultados a los institutos políticos, especificando qué dependencias advirtieron el riesgo. Basándose en este reporte, cada partido será responsable de decidir si registra o retira la candidatura.
La presidenta Sheinbaum subrayó que, si bien el mecanismo dota a los partidos de la información necesaria para depurar sus filas, el Estado mantendrá sus obligaciones de procuración de justicia.
En caso de que las consultas arrojen información de carácter delictivo, las instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia utilizarán dichos datos para abrir o continuar con las investigaciones formales correspondientes, independientemente de la decisión política que tome el partido sobre el registro del aspirante.
