Reporteros Sin Fronteras (RSF) informó que 169 periodistas fueron asesinados en México en los últimos 20 años, un promedio de ocho al año, y que el 99% de esos crímenes sigue sin esclarecerse por completo. Al presentar un monitoreo de los homicidios, la organización señaló que menos del 1% de los casos permitió identificar al autor intelectual: en 168 de los 169 asesinatos no se ha determinado ni a ese responsable ni el móvil del crimen. RSF pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que adopte con urgencia las medidas necesarias para garantizar la protección de los periodistas.
El reporte ubica los homicidios en un contexto de impunidad prácticamente absoluta, marcado por fallas del sistema judicial y del Estado en la protección de la prensa. Según RSF, el crimen organizado y la corrupción aparecen como los principales responsables de la serie de asesinatos de profesionales de la información más prolongada en un país en paz en el siglo XXI. Artur Romeu, director de la organización para América Latina, afirmó que desde hace 20 años los periodistas son vistos como una amenaza por un entramado de gobernanza criminal, y que los casos incluyen tortura, decapitaciones y cuerpos abandonados en la vía pública junto con mensajes de advertencia. Añadió que el sistema judicial resulta, en el mejor de los casos, ineficaz y, en el peor, corrupto, al grado de dirigir acusaciones contra los propios periodistas.
RSF precisó que los cárteles y el crimen organizado son los principales responsables de la mayoría de estos crímenes, pero advirtió que señalarlos sin destinar recursos para detenerlos ni desarticular las redes de complicidad que los protegen también compromete al Estado mexicano. En muchos expedientes, indicó, los cárteles aparecen como presuntos responsables e incluso han reivindicado los asesinatos; en otros hay indicios de su posible participación. La organización aliada Propuesta Cívica, que acompaña a familias de periodistas asesinados, ha documentado irregularidades en las etapas iniciales de las investigaciones: pérdida o conservación inadecuada de pruebas, líneas de investigación incompletas, falta de análisis del contexto, coordinación deficiente entre autoridades y, en numerosos casos, ausencia de voluntad política.
Pese a esas deficiencias, RSF reconoció que México cuenta desde 2006 con una unidad especializada en delitos contra periodistas, cuyo mandato se amplió en 2010 para crear la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). Desde 2012 opera además un mecanismo federal de protección; al 31 de agosto de 2026, 701 periodistas estaban incorporados, según datos del Gobierno citados por la organización. Desde la creación de la Feadle, las condenas por asesinatos de periodistas aumentaron: de cinco sentencias entre 2006 y 2016 se pasó a al menos 33 en la década siguiente. En total, 21 casos han sido esclarecidos de forma parcial.
