Dos años después de la ruptura interna del Cártel de Sinaloa, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en México pasó de 86.9 a 40.8 entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, una reducción de 53 por ciento, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad. La disputa entre las facciones conocidas como Los Chapitos y La Mayiza, iniciada en septiembre de 2024, colocó a Sinaloa entre los principales focos de violencia del país, en contraste con la caída del indicador nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó el descenso a la estrategia de su gobierno y señaló que equivale a 46 homicidios menos cada día. El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, cuestionó las cifras y acusó al Ejecutivo de “cambiar a los muertos de casilla”, en alusión a presuntas alteraciones en el registro estadístico. Andrés Sumano, investigador del Colegio de la Frontera Norte, indicó que la disminución no tiene una explicación única: confluyen la actuación gubernamental, cambios en el registro de muertes violentas y la reorganización del crimen organizado.
Según Sumano, cuando se consolida un monopolio criminal se reduce el factor de competencia que eleva los homicidios. Añadió que las capturas y decomisos han llevado a los grupos a mantener un perfil más bajo para no atraer atención. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que los cárteles ya no pueden resguardarse cruzando fronteras o lavando recursos, y atribuyó el impulso de la cooperación bilateral a los gobiernos de Sheinbaum y Donald Trump, en un contexto de presión por el tráfico de fentanilo.
De octubre de 2024 a agosto de 2026, las autoridades mexicanas reportaron 67 mil 253 detenciones por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 34 mil 353 armas de fuego, 534 toneladas de drogas en operaciones terrestres y la inhabilitación de 2 mil 771 laboratorios clandestinos de metanfetaminas. Pese a esos operativos, entre enero y agosto de 2026 siete entidades concentraron el 49.3 por ciento de los homicidios dolosos: Guanajuato (8.5 por ciento), Baja California (8.4), Chihuahua (8), Sinaloa (7.5), Estado de México (6.1), Guerrero (5.6) y Morelos (5.3).
Sumano sostuvo que una reducción duradera de la violencia requiere atender los vínculos de protección y tolerancia entre autoridades y organizaciones criminales, un problema que atribuyó más a la corrupción que a la falta de capacidades institucionales.
