La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que la violencia contra periodistas persiste en México y documentó tres asesinatos de comunicadores, además de amenazas, agresiones y medidas legales que podrían limitar el ejercicio de la libertad de expresión. En su informe, la organización señaló que la impunidad sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para el periodismo mexicano.
El reporte destacó los homicidios de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, asesinado en julio en Puebla; de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista crítico de autoridades; y de Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado en agosto pasado en Puebla. La SIP, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) reclamaron investigaciones exhaustivas que no descarten la actividad periodística como posible móvil. El informe también menciona otros tres asesinatos en los que, según la información disponible, no se han identificado indicios de relación con el trabajo de las víctimas.
La organización documentó amenazas de muerte, agresiones durante coberturas y presiones para retirar información. Entre los casos citados figura uno en Tamaulipas, donde dos periodistas denunciaron que integrantes de la Marina los obligaron a borrar imágenes de un presunto derrame de petróleo.
La SIP también alertó sobre el uso de herramientas legales contra la prensa. Mencionó la denominada Ley Serrano, una reforma aprobada en 2025 en San Luis Potosí que castigaba con hasta seis años de prisión el uso de inteligencia artificial para difundir contenidos falsos o afectar la confianza en las instituciones. La legislación, cuestionada por organizaciones de derechos humanos por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión, derivó en procesos penales contra periodistas, incluidas dos comunicadoras detenidas en mayo pasado. El Congreso estatal derogó la reforma en julio.
El informe recogió críticas a los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias, aprobados en agosto, ante el riesgo de interferencias en la libertad editorial. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que esas disposiciones constituyan censura. El reporte también mencionó cuestionamientos al análisis gubernamental sobre una supuesta red de amplificación digital que incluía nombres de periodistas y analistas; el Ejecutivo negó que buscara estigmatizarlos. Según la clasificación mundial de RSF de 2026, México ocupa el puesto 122 de 180 países en libertad de prensa y el 160 en el indicador de seguridad.
