La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este viernes 6 de noviembre las declaraciones con las que relacionó al partido Somos con una presunta red de corrupción en contrataciones electorales. La organización anunció una demanda por daño moral y difamación contra ella y contra la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. En la conferencia matutina, la mandataria dijo que solo se expusieron hechos y que defiende y mantiene sus dichos.
Sheinbaum afirmó que tiene pruebas de lo que ha señalado y que esa información fue presentada públicamente, no como un archivo personal. Somos anunció la demanda el jueves, después de que el Ejecutivo relacionara al partido con personas señaladas en esas contrataciones. La agrupación negó las acusaciones y sostuvo que el señalamiento busca desviar la atención de irregularidades atribuidas a la gestión de Guadalupe Taddei, quien llegó a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) por insaculación y es investigada tras renunciar al cargo.
Somos es una organización emanada de la Marea Rosa y está encabezada por el ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo. Entre sus dirigentes hay exfuncionarios electorales, entre ellos Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE de 2008 a 2023. Sheinbaum también ha sostenido que el INE sí se tiene que sanear.
En la misma conferencia, la presidenta respondió a Lorenzo Córdova. El exconsejero respaldó la revisión de contratos electorales, pero pidió que no se protegiera a posibles integrantes de Morena involucrados. Sheinbaum preguntó cuál morenista ha sido encubierto y llamó a que lo señale. Para sostener esa respuesta, dijo que el Gabinete de Seguridad ha detenido a presidentes municipales provenientes de Morena por presuntos vínculos con grupos delictivos o por corrupción.
Sobre otros casos, Sheinbaum indicó que deben actuar la fiscalía y la auditoría. Afirmó que no se cubre a nadie, aunque hace falta presentar pruebas y no basta con que alguien afirme o niegue un hecho. Sostuvo que se procede cuando existen elementos de participación en corrupción o en actividades delictivas, y no a partir de lo que se publica en medios.
