La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) notificó a la conductora Inés Gómez Mont y a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, la cancelación de la ficha roja de localización que existía en su contra desde 2021. La medida derivaba de una orden de aprehensión girada en México. El diario Milenio difundió la información el jueves 22 de octubre.
De acuerdo con ese reporte, un comité de Interpol tomó la decisión, que entró en vigor el 25 de septiembre de 2026. El 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó la noticia en una conferencia matutina.
Los asuntos legales de Gómez Mont y Álvarez Puga tienen antecedentes previos. En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho Álvarez Puga y Asociados. El SAT señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para registrar a sus trabajadores como socios o cooperativistas, con el fin de no pagar el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.
En 2012, The New York Times publicó que una compañía del empresario, dedicada a la asesoría fiscal y administrativa, era en realidad una matriz de firmas fantasma. En 2016, Inés Gómez Mont fue acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y pagó más de 2.6 millones de pesos.
