La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a cinco personas señaladas por integrar un grupo que suplantaba la identidad de ministros de la Suprema Corte, gobernadores, alcaldes y funcionarios federales y estatales. El objetivo, según las investigaciones, era obtener beneficios económicos o laborales.
Los detenidos son Luis “N”; su esposa, Liliana “N”; sus hijos, Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, y Agustín Arturo “N”, identificado como escolta. Las autoridades indican que la organización habría operado al menos desde 2021. Entre las posibles víctimas hay políticos, servidores públicos y empresarios de distintas entidades.
La SSPC informó que Luis “N” fue tesorero general y secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013, y que ocupó otros cargos públicos. Ese antecedente le habría permitido conocer estructuras político-administrativas y armar una red de contactos para obtener números telefónicos personales e información sensible. La dependencia agregó que tiene antecedentes penales por peculado y que fue inhabilitado en Michoacán.
De acuerdo con el comunicado, el mecanismo iniciaba con mensajes o llamadas en los que los involucrados se presentaban como secretarios particulares de funcionarios o de actores políticos y económicos. Con el pretexto de actualizar agendas o gestionar una comunicación, pedían números y otros datos. Después, una persona que se hacía pasar por un alto funcionario contactaba a las víctimas para solicitar dinero, incorporar a alguien a una estructura administrativa o contratar determinados servicios. Los números mostraban imágenes, logotipos y nombres oficiales. Las autoridades señalaron que el grupo usaba inteligencia artificial para imitar voces y elaboraba conversaciones ficticias por mensajes o grabaciones.
Como Luis “N” estaba reportado en el sistema bancario por actividades delictivas previas, las exigencias debían pagarse en efectivo. Para ingresar el dinero al sistema financiero, el grupo habría usado una empresa de arquitectura y construcción propiedad de Aimee de Guadalupe “N”. Parte de los recursos se habría destinado a propiedades en zonas de alta plusvalía y a vehículos de alta gama. En un cateo en una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec, se aseguraron equipos telefónicos que los detenidos presuntamente intentaron ocultar, tarjetas SIM y vehículos de alta gama. Las indagatorias identificaron al menos 19 teléfonos cuyos registros coincidirían con números denunciados por algunas víctimas. Los cinco fueron ingresados al penal de Almoloya y el 6 de octubre quedaron vinculados a proceso por extorsión, con prisión preventiva justificada. Deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.
