Apenas el 1% de las más de 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar en México cuenta con un contrato de trabajo por escrito. El 96.6% del sector permanece en la informalidad, a pesar de cambios legislativos de los últimos años. Nueve de cada diez de esas personas son mujeres y representan el 10% de las mujeres trabajadoras del país.
El informe “Sosteniendo el cambio: Por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar en México”, presentado este martes por la red civil Unidas, señala que entre 2018 y 2023 se declaró inconstitucional la exclusión del Seguro Social y se estableció la obligatoriedad de la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esos cambios, según el documento, aún no se traducen en condiciones laborales con contrato y seguridad social. Néstor Genis, coordinador de Inclusión en la organización Ethos y autor del informe, advirtió que la mayoría de las trabajadoras no ve reflejada la nueva legislación en su cotidianidad. La afiliación obligatoria al IMSS se mantiene en alrededor de 60 mil personas, menos del 3% del sector.
El estudio estima que la evasión de cuotas patronales al IMSS implica una pérdida anual de 56 mil 671 millones de pesos. Los ponentes describieron esa cifra como un subsidio institucional a favor de los empleadores, a costa de la vulnerabilidad de las trabajadoras. El informe también documentó fallas en el esquema de aseguramiento por día, pensado para jornadas aisladas: la protección queda fragmentada y el acceso a atención médica se limita a los días exactos contratados y registrados.
María de la Luz Padua, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, cuestionó que la seguridad social dependa del número de días trabajados en una misma casa. Sostuvo que las leyes deben responder a la realidad del oficio y no a una trabajadora ideal. El sector registra una brecha salarial de género del 34.8% en detrimento de las mujeres. Los hombres suelen realizar tareas mejor remuneradas y tienen una tasa de contratación escrita del 9%, frente al 1% de sus compañeras.
Entre las recomendaciones de Unidas figuran subsidios, vigilancia a los contratadores y consecuencias para quienes evadan el pago de cuotas. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018 y la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019 no han cerrado la brecha, que sigue afectando a más de dos millones de familias en el país.
