Una investigación del Human Rights Center de la UC Berkeley School of Law documentó agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y plantea que esos hechos podrían ameritar un examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI), bajo la figura de persecución prevista en el Estatuto de Roma. El trabajo, difundido en Just Security, abarca de diciembre de 2018 a septiembre de 2024. Según la metodología de sus autores, en ese periodo fueron asesinados 78 periodistas y 259 defensores, un total de 337 víctimas.
El documento ubica las cifras en un contexto más amplio y describe cinco mecanismos que, de acuerdo con los investigadores, habrían operado de forma interrelacionada: la estigmatización pública en las conferencias matutinas del entonces presidente, campañas de hostigamiento digital, el uso de herramientas de espionaje, acciones legales contra críticos y altos niveles de impunidad. Señala que López Obrador dirigió declaraciones contra periodistas a los que identificaba como adversarios. Cita un registro de ARTICLE 19 que contabilizó al menos 176 expresiones estigmatizantes del Ejecutivo durante 2022. Un análisis propio de los autores, apoyado en herramientas de inteligencia artificial, identificó 2 mil 827 segmentos en mil 437 conferencias matutinas en los que, según su interpretación, se descalificó o desacreditó a periodistas con expresiones como “prensa fifí”, “chayoteros” y “hampa del periodismo”.
El reporte también documenta el uso del programa Pegasus y de otras herramientas de vigilancia contra periodistas, defensores y personas vinculadas con labores de supervisión gubernamental. Entre las fuentes citadas están investigaciones de R3D, Citizen Lab y medios mexicanos, además de información obtenida a partir de la filtración conocida como Guacamaya Leaks. Como ejemplos, el texto menciona al periodista Fredid Román, asesinado en Guerrero en agosto de 2022 después de publicar una columna crítica sobre el presidente y la investigación del caso Ayotzinapa, y al defensor Raymundo Ramos, cuyo teléfono habría sido intervenido con Pegasus, según los registros citados por los investigadores.
Los autores sostienen que esos elementos, analizados junto con asesinatos, desapariciones forzadas y otros actos de violencia, podrían configurar un patrón susceptible de examen bajo el concepto de persecución del artículo 7 del Estatuto de Roma. Toman como referencia la Política sobre Crímenes Habilitados por Cibernética del Estatuto de Roma, publicada el 3 de diciembre de 2025 por la Oficina del Fiscal de la CPI, que reconoce que conductas realizadas total o parcialmente con herramientas digitales pueden formar parte de crímenes bajo jurisdicción de la Corte. Advierten que corresponde a fiscales y, en su caso, a jueces determinar si los casos forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. También señalan que periodistas y defensores han sido víctimas de violencia atribuida a grupos del crimen organizado, por lo que consideran necesario precisar qué hechos podrían vincularse con una eventual política estatal.
La investigación añade que la impunidad en los delitos contra periodistas se ubicó aproximadamente entre 93% y 99% en el periodo analizado, cifra que sus autores consideran un posible indicio de falta de capacidad o de voluntad del Estado para investigar y sancionar. El planteamiento no es una determinación de la CPI sobre crímenes contra la humanidad en México. Según el propio texto, se trata de una propuesta para que la situación sea examinada con la evidencia reunida y para valorar el alcance de la nueva política de la Fiscalía frente al uso de tecnologías digitales.
