La senadora panista Sonia Rocha Acosta presentó el pasado jueves 12 de noviembre, una iniciativa que reforma al Artículo 4 de la Constitución para que el Estado mexicano esté obligado a promover y asegurar los medios para el tratamiento, rehabilitación e inclusión de las personas con discapacidad.
“Es imprescindible que el Estado mexicano actúe y tome medidas vanguardistas para brindar protección y certeza desde la Carta Magna para enfrentar la discriminación, así como respaldar las garantías de que deben gozar las personas con discapacidad para su tratamiento, rehabilitación e integración”, resaltó.
La legisladora por Querétaro subrayó que en México se carece gravemente de instituciones y servicios que aseguren los derechos humanos de las personas con dicha condición.
Agregó que la discapacidad se define como una deficiencia física, mental o sensorial, de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, y que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
Lamentablemente, acotó, en la población con estas condiciones existe una gran cantidad de niños.
Refirió que en México la discapacidad en la población infantil tiende a incrementar su presencia conforme aumenta la edad, aunque es a los 10 años cuando se concentra el mayor porcentaje, es decir, un 16.6 por ciento.
“En 2012 las estimaciones de Coneval indican que 5.7 millones de personas con discapacidad presentan al menos una carencia social; 2.1 millones, al menos tres carencias sociales; 3.8 millones, rezago educativo; 1.43 millones, carencia por acceso a los servicios de salud; 3.1 millones, carencia por acceso a la seguridad social; 0.8 millones, carencia por calidad y espacios en la vivienda; 1.7 millones, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda; y 2.2 millones, carencia por acceso a la alimentación”, detalló.
Por ello, sostuvo Rocha Acosta, es primordial otorgar a estas personas el acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás.
Apuntó que los derechos humanos para los discapacitados incluyen: el derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de discapacidad; el derecho a la igualdad de oportunidades; el derecho a trabajar de acuerdo con sus capacidades; el derecho a recibir salarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado; y, por supuesto, el derecho a ser tratadas con dignidad y respeto.
La propuesta de la senadora de Acción Nacional se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictaminación.
