La Mesa Directiva emitió un acuerdo para integrar cuatro áreas legislativas bajo la presidencia de Arturo Maximiliano. El pleno requiere 17 votos para aprobar la modificación constitucional.
Querétaro, Qro., 25 febrero 2025.- La LXI Legislatura de Querétaro modificó la integración de las Comisiones Unidas encargadas de analizar, discutir y emitir el dictamen correspondiente a la reforma judicial a nivel local. A través de un nuevo acuerdo publicado por la presidencia de la Mesa Directiva, se reestructuró el bloque de trabajo con el objetivo de unificar las propuestas presentadas previamente por las bancadas de Morena y el Partido del Trabajo (PT) con la reciente iniciativa ingresada por el Poder Ejecutivo estatal.
El nuevo órgano legislativo estará conformado por los integrantes de cuatro áreas sectoriales: Administración y Procuración de Justicia; Participación Ciudadana; Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales; y Puntos Constitucionales. La presidencia de las comisiones conjuntas recaerá en el diputado Arturo Maximiliano García Pérez, mientras que la secretaría será ocupada por Homero Barrera Mcdonald, relevando así de la conducción del tema a la comisión que previamente encabezaba el legislador Guillermo Vega Guerrero.
Este cambio operativo obedece a que el mandato de la anterior conformación de comisiones feneció legalmente tras la emisión de un predictamen previo. Legisladores de las fracciones de Morena y PT justificaron su inasistencia a las últimas convocatorias bajo el argumento de que es inviable normativamente dictaminar dos veces sobre el mismo asunto, por lo que era obligatoria la emisión de un nuevo acuerdo parlamentario que permitiera incorporar el proyecto del gobernador y los temas de índole electoral en una sola mesa de análisis técnico.
Para que la modificación a la Constitución Política del Estado en materia judicial prospere, el dictamen final que resulte de estas nuevas Comisiones Unidas deberá ser sometido al pleno del Congreso. Ahí, la reforma requerirá la aprobación de mayoría calificada, equivalente a 17 de los 25 votos posibles; una cifra que obliga al consenso, dado que actualmente ninguna fuerza política cuenta por sí sola con los escaños suficientes para validarla.
