La Comisión de Desarrollo Urbano avaló una modificación a la Ley de Obras Públicas. La medida permitirá construir y remodelar planteles acreditando únicamente la posesión del predio, agilizando el ejercicio de recursos públicos.
La Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la LXI Legislatura de Querétaro aprobó el dictamen que adiciona el artículo 29 Bis a la Ley de Obras Públicas del Estado, con el objetivo de eliminar los obstáculos burocráticos que impiden la inversión en infraestructura educativa.
El dictamen, impulsado por el diputado Antonio Zapata Guerrero, busca dar solución a una problemática administrativa histórica: la imposibilidad de destinar recursos públicos para la construcción, ampliación o remodelación de escuelas que no cuentan con un título de propiedad formal.
Durante la sesión, el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado (IIFEQ), Fernando Orozco Vega, reveló que en la entidad existen cerca de mil 300 planteles educativos que carecen de escrituras, ya que la mayoría se asientan en terrenos que fueron donados por ejidos o mediante actas de asamblea que nunca se regularizaron. Esto provocaba observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y obligaba a frenar las obras o regresar el recurso.
Para destrabar esta situación, la nueva reforma establece que se podrá avanzar en la ejecución de las obras públicas escolares siempre y cuando exista certeza de que el terreno está en posesión de la autoridad educativa. Para ello, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq) será la encargada de garantizar y acreditar documentalmente que el inmueble puede ser utilizado para dichos fines.
La presidenta de la comisión legislativa, Laura Andrea Tovar Saavedra, aclaró que esta simplificación administrativa no exime a las autoridades de su obligación de continuar con los procesos legales para regularizar la tierra y obtener los títulos de propiedad definitivos.
“Lo que buscamos a través de esta reforma es evitar que el proceso legal y burocrático retrase algo tan importante como lo es mejorar las condiciones en las que estudian miles de niñas, niños y adolescentes en Querétaro. Garantizamos que el derecho a la educación no se vea limitado por trámites administrativos”, puntualizó la legisladora.
Por su parte, el diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera destacó que esta herramienta legal es un ejemplo del “cómo sí se pueden hacer las cosas”, evitando la pérdida de presupuestos etiquetados para el mejoramiento de las aulas por la falta de integración de expedientes inmobiliarios.
El dictamen será remitido al Pleno de la Legislatura para su discusión y votación final.
