Tras detectar un esquema de cobros anticipados por créditos que nunca se entregaban, las autoridades ministeriales inhabilitaron las oficinas y decomisaron archivos clave para la investigación.
Querétaro, Qro. a 24 diciembre 2025.- Como resultado de un sólido seguimiento a diversas denuncias ciudadanas, la Fiscalía General del Estado de Querétaro asestó un golpe operativo contra una supuesta entidad financiera señalada por conductas delictivas. La diligencia se centró en un inmueble utilizado para captar clientes mediante promesas de préstamos bajo condiciones atractivas, pero que en realidad escondía un esquema de fraude patrimonial.
Las investigaciones ministeriales permitieron desarticular el modus operandi de esta organización, la cual condicionaba la entrega de los recursos financieros a un depósito previo por parte del solicitante. Bajo conceptos de gestoría o seguros, los usuarios entregaban cantidades de dinero que nunca recuperaban, ya que los préstamos jamás eran liquidados por la empresa. Un factor determinante para la intervención judicial fue la confirmación de que la persona moral carecía de los registros legales y licencias de operación obligatorias para el sector financiero en México.
El operativo de cateo, realizado bajo mandato judicial el pasado 16 de diciembre de 2025, permitió a los agentes de investigación asegurar una cantidad importante de documentación, expedientes de clientes y equipo técnico. Estos elementos están siendo analizados detalladamente para fortalecer la carpeta de investigación y determinar el alcance total del fraude cometido contra la ciudadanía queretana. Asimismo, el inmueble quedó bajo resguardo oficial para evitar que se sigan cometiendo ilícitos en el lugar.
La Fiscalía General del Estado reafirmó su compromiso de no permitir que empresas irregulares vulneren la economía de las familias. Actualmente, se trabaja en la identificación de los responsables para que enfrenten las consecuencias legales pertinentes, al tiempo que se hace un llamado a la población para verificar la legalidad de cualquier institución crediticia ante las instancias federales antes de realizar cualquier tipo de pago anticipado.
