El Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura presentó una iniciativa para reformar la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes del Estado de Querétaro. La propuesta busca fortalecer los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes mediante el reconocimiento de la autonomía progresiva.
A nombre del coordinador Arturo Maximiliano García Pérez, el diputado Edgar Inzunza Ballesteros dio a conocer la iniciativa, acompañado de Andrea Tovar Saavedra, Claudia Díaz Gayou, Sully Yanira Mauricio Sixtos, Ulises Gómez de la Rosa, Homero Barrera McDonald, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz y Eric Silva Hernández, así como de Santiago Nieto Castillo, asesor en temas jurídicos y legislativos. Inzunza Ballesteros indicó que el documento se presentó en días pasados.
La iniciativa plantea tres cambios. Primero, adicionar una fracción al artículo segundo para incorporar una definición expresa de autonomía progresiva. Segundo, reformar el artículo tercero para incluir ese principio entre los rectores de la ley, de modo que las autoridades consideren el desarrollo, las capacidades y el criterio de cada joven al reconocer y garantizar sus derechos. Tercero, adicionar el artículo 23 Bis para establecer el derecho de las y los jóvenes a expresar su opinión en los asuntos que les afecten directamente.
El diputado explicó que se plantea que las autoridades generen mecanismos de participación para que las juventudes se involucren en las decisiones públicas del estado. En los procedimientos que incidan en su esfera jurídica, la reforma busca garantizar su desarrollo y su derecho a ser escuchadas, de forma que dejen de ser únicamente receptoras de políticas públicas y sean reconocidas como participantes en las decisiones que impactan su presente y su futuro.
Inzunza Ballesteros sostuvo que la capacidad de tomar decisiones, expresar opiniones y ejercer derechos no se adquiere de un día para otro, sino de manera gradual, conforme a la edad, la educación, la experiencia y la madurez. Afirmó que niñas, niños, adolescentes y jóvenes no solo deben recibir protección, sino también participar y ser tomados en cuenta, y que la legislación ya reconoce la importancia de proteger sus derechos, aunque falta reconocer expresamente su capacidad progresiva para ejercerlos. La propuesta se sustenta en el artículo primero de la Constitución federal —en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, y en el interés superior de la niñez— y en la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, que prevé orientar y acompañar a las personas menores de edad conforme a la evolución de sus facultades, así como su derecho a expresar su opinión y ser escuchadas.
