San Juan del Río, 13 de noviembre 2014.- En 1993 les fue despojado a la familia Ballesteros un terreno de aproximadamente 7 hectáreas para ofrecerla a las autoridades municipales, a través de un regidor de aquel entonces en lo que hoy se conoce como Colonia Santa Fe, en el Barrio de San Isidro, denunció José Adolfo Ballesteros.
Posteriormente el municipio donó una parte de este predio a gobierno del estado y años después se instaló el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Querétaro (ICATEQ).
Aunque el predio se encuentra en disputa desde hace más de 20 años y no cuenta aún con certeza jurídica por la presunta invasión que hicieron a esta propiedad, recientemente el municipio emitió una notificación en la cual se le requiere el pago por hasta 4 millones 500 mil pesos, ya que la propiedad se encuentra a nombre de José Adolfo Ballesteros en el Registro Público de la Propiedad.
Acusó Adolfo Ballesteros que la señora Paulina González Ángeles realizó la venta del inmueble a María del Pilar de la Fuente Coss en 1993, quien tras pagar 200 mil pesos, realizó la venta de la misma propiedad a Francisco Domenech, y posteriormente este entregó el terreno al Gobierno Municipal en turno a modo de pago por el cambio de uso de suelo de otros espacios.
Esta transacción inició en 1993, a pesar de que un juicio testamentario respaldaba a Adolfo Ballesteros y sus 11 hermanos como propietarios legítimos de este predio.
“A mis hermanos los sacan de sus casas que estaban en los terrenos que nos heredó nuestro padre, los metieron en la cárcel ilegalmente por un tiempo para que se pudieran entregar los predios al Icateq”, señaló el señor Adolfo.
En 1997, las autoridades municipales realizaron el desalojo de esta familia, para poder dar paso a la construcción del ICATEQ, e incluso, sus integrantes debieron permanecer por un tiempo en la cárcel municipal para que la administración pudiera entregar el terreno.
“La venta del predio se hizo con documentación apócrifa pero no tenían documentos de posesión sobre estos predios, hemos interpuesto demandas en los juzgados civiles, también acudimos al registro Agrario Nacional porque los que vendieron los predios estaban pidiendo la anulación de nuestras escrituras pero fue improcedente y por eso aun contamos con las escrituras”, explicó.
Estimó que el valor catastral del predio en cuestión asciende a 55 millones de pesos, por lo que su familia pretende una indemnización.
Por Rosy Ortiz
