La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en su lista de personas bloqueadas al juez federal Luis Benítez Alcántara, detenido la semana pasada en Colombia a solicitud de autoridades de Estados Unidos. De acuerdo con información del periodista Arturo Ángel publicada en Milenio, el organismo emitió el acuerdo 4141/2026 para integrarlo formalmente a esa lista. La medida administrativa preventiva obliga a las instituciones del sistema financiero mexicano a inmovilizar las cuentas bancarias e instrumentos financieros a su nombre mientras se desahogan las investigaciones.
Benítez Alcántara se ha desempeñado durante ocho años como juez federal del sistema penal acusatorio. Actuó como juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, donde encabezó audiencias de casos de alto impacto, entre ellos Pegasus, la Estafa Maestra y el proceso contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.
El 5 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública su captura en territorio colombiano, ejecutada en cumplimiento de una ficha roja internacional derivada de una orden de arresto emitida por un tribunal estadounidense. Según las acusaciones de los fiscales norteamericanos, el juzgador habría recibido cerca de dos millones de dólares a cambio de ordenar en 2025 la liberación de Andrew Clark, ciudadano canadiense señalado como segundo al mando de la estructura criminal encabezada por el exatleta olímpico Ryan James Wedding, presunto líder de una organización transnacional de tráfico de drogas.
A la par del proceso internacional y del bloqueo de cuentas, el Tribunal de Disciplina Judicial confirmó que Benítez Alcántara se mantenía como juzgador en activo al momento de su detención. El órgano detalló que acumulaba cuatro investigaciones en curso ante el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas (OIRA) por quejas administrativas previas, a las que se sumó un quinto expediente iniciado tras revelarse la indagatoria estadounidense por los presuntos sobornos vinculados al caso de Andrew Clark.
