El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció el martes 13 de octubre errores y graves deficiencias en el operativo policial del domingo 11 de octubre, durante la protesta contra el agua contaminada en el área metropolitana de Guadalajara. El despliegue dejó al menos 39 personas detenidas y decenas de heridas.
En un video publicado en redes sociales, Lemus señaló que elementos policiales emplearon fuerza excesiva y realizaron detenciones injustas. Cerca de 10 mil manifestantes de todas las edades fueron recibidos con gas lacrimógeno y cañones de agua en Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, cuyo interior fue resguardado con vallas. Afirmó que a las personas no se les debió lanzar agua ni gas y que nadie debió quedar expuesto a la violencia. Un día antes, el mandatario había defendido a la policía antimotines y sostuvo que respondió a un grupo de unas 400 personas que provocó los disturbios.
El mismo martes, ciudadanos y estudiantes volvieron a las calles en distintos puntos de Guadalajara para exigir respeto al derecho de manifestación y la liberación de quienes fueron detenidos el domingo. Lemus informó que ya fueron identificados los policías que actuaron con violencia y que serán sujetos a una investigación interna.
Organizaciones de derechos humanos, familiares y ciudadanos denunciaron desde el domingo violencia policial e irregularidades en la detención y el proceso judicial de las 39 personas capturadas. De ellas, 32 fueron liberadas el lunes. La Fiscalía de Jalisco envió el martes al penal de máxima seguridad de Puente Grande a siete detenidos, acusados de lesiones dolosas contra personal de seguridad pública y de desobediencia o resistencia de particulares.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), que participa en la defensa de esos siete, advirtió que, aunque ya están en libertad, las carpetas de investigación siguen abiertas. Lemus había pedido su liberación y afirmó después que todas las personas detenidas por la manifestación recuperaron su libertad. El antecedente del conflicto es el suministro, desde marzo, de agua con olor a cloaca en al menos 320 colonias del área metropolitana: organizaciones de derechos humanos reportaron, tras analizar muestras, metales pesados, heces fecales y ausencia de cloración.
