La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXI Legislatura de Querétaro aprobó, el 12 de octubre de 2026, dos dictámenes en una sesión realizada en la Presidencia Municipal de Pedro Escobedo. La reunión fue presidida por la diputada Teresita Calzada Rovirosa e integrada por el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, secretario, y la diputada Rosalba Vázquez Munguía. También asistieron la diputada Sully Yanira Mauricio Sixtos, el presidente municipal Alberto Nava, regidoras y regidores, así como representantes de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de protecciones civiles municipales, del Cuerpo de Bomberos de Pedro Escobedo y de la Cruz Roja Mexicana.
El primer dictamen corresponde a una iniciativa de acuerdo, de autoría de Mauricio Sixtos, que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Agencia de Movilidad de Querétaro a supervisar, en el ámbito de sus atribuciones, los servicios auxiliares de autotransporte. La legisladora señaló que la propuesta surgió de quejas ciudadanas por costos, falta de claridad en cobros de arrastre, maniobras y resguardo, y dificultades para recuperar vehículos. Indicó que en Pedro Escobedo, municipio agrícola, comercial y de transporte, el envío de un vehículo a un depósito puede interrumpir la actividad de familias que dependen de él para trasladar mercancías o llegar a sus centros de trabajo. El exhorto pide fortalecer la inspección y la vigilancia, verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables, revisar que los cobros correspondan a las tarifas legales y atender denuncias. Calzada Rovirosa señaló que la medida beneficiaría a comerciantes, productores y trabajadores de los 18 municipios del estado y que el dictamen se aprobó con el consenso de los integrantes de la comisión.
En un segundo punto, la comisión aprobó el dictamen de una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro, en materia de Atlas de Riesgos. Calzada Rovirosa explicó que la reforma establece la obligación legal de actualizar ese instrumento cada seis meses, ante el crecimiento del estado y la dinámica poblacional de los municipios. Señaló que, sin una periodicidad definida, no se garantizaba la precisión de los datos usados para identificar zonas vulnerables, planear el territorio y prevenir desastres, y planteó que la información se suba a una plataforma para enviarla a la coordinación estatal. Agregó que esos datos servirían para los planes municipales de desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo. Zapata Guerrero advirtió que la actualización semestral es una tarea compleja, en particular en municipios con poca población y gran superficie.
En asuntos generales intervinieron Vázquez Munguía y Zapata Guerrero, quienes se refirieron a la realización de la sesión en el municipio. También participaron el presidente municipal Alberto Nava, el síndico Carlos Reséndiz Castañeda y la presidenta del Patronato de Bomberos, Elizabeth Vázquez Juárez. Al cierre, Calzada Rovirosa recordó que el estado cuenta con 100 millones de pesos etiquetados para atención de emergencias y que el 95 por ciento de las solicitudes derivadas de las lluvias de 2024-2025 ya fueron atendidas en la Sierra y el semidesierto.
