La diputada federal y presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, advirtió que el dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet, podría abrir la puerta a mecanismos de censura digital y a restricciones a la libertad de expresión. Señaló que ninguna reforma debe convertirse en un instrumento para silenciar voces críticas ni limitar el derecho de la ciudadanía a disentir.
Arredondo Ramos consideró que México no puede permitir retrocesos en derechos fundamentales, en particular la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir y la posibilidad de cuestionar las decisiones de quienes ejercen el poder público. Afirmó que la libertad de expresión no pertenece a un gobierno ni a un partido político, sino a la gente, y que una democracia sin voces críticas deja de serlo.
Advirtió que establecer mecanismos de responsabilidad para los proveedores de internet, sin garantías suficientes para proteger los derechos de los usuarios, podría generar incentivos para restringir contenidos y limitar el debate público. Recordó que el poder político ha recurrido en otros momentos a medidas de censura contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que cuestionaban decisiones gubernamentales. Planteó que, así como antes se buscaba responsabilizar a los periódicos por las críticas publicadas, hoy debe evitarse que los proveedores de servicios digitales terminen como vigilantes o censores de lo que expresan los ciudadanos.
La legisladora consideró indispensable que cualquier modificación relacionada con las plataformas digitales contemple reglas claras, mecanismos de defensa, transparencia y pleno respeto a los derechos constitucionales. Añadió que la protección de los derechos de autor no debe usarse como justificación para imponer restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión, ni para desalentar la crítica política, el periodismo independiente o la participación ciudadana. Subrayó que las instituciones democráticas deben garantizar espacio para todas las opiniones, incluidas las que resultan incómodas para quienes gobiernan, y sostuvo que criticar no es un delito, disentir no es una amenaza y señalar errores de un gobierno forma parte de la democracia.
Desde la Cámara de Diputados, dijo, el PRI mantendrá una postura de defensa de las libertades individuales, los contrapesos institucionales y el respeto a la pluralidad política, por encima de cualquier interés partidista. Llamó a las distintas fuerzas políticas a analizar con responsabilidad las implicaciones de la reforma, privilegiando el diálogo, la protección de los derechos fundamentales y un marco jurídico que dé certeza tanto a los usuarios como a los proveedores de servicios digitales. Afirmó que la defensa de la libertad de expresión es una responsabilidad compartida que trasciende ideologías y colores partidistas.
