La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó este lunes que la incertidumbre jurídica derivada de la reforma al Poder Judicial ha provocado impactos negativos en las empresas del país. La organización señaló que esa situación ha llevado a tres de cada diez compañías a reducir o posponer inversiones. La reforma fue aprobada y publicada en 2024.
El planteamiento se da a un año de que se elijan de nuevo, por voto popular, cargos del Poder Judicial. Según la Coparmex, siete de cada diez empresas mexicanas reportan impactos negativos y solo 3.6% identifica efectos positivos. Las cifras provienen de la Encuesta de Data Coparmex, elaborada con la participación de 3 mil 721 empresas afiliadas a los 71 centros de la patronal. El informe sostiene que esas compañías están modificando su conducta empresarial tras los efectos de la reforma.
La organización detalló que 40% de las empresas actúa con mayor cautela para invertir y que 30% redujo o pospuso proyectos concretos. También reportó que 81% cambió su estrategia de protección jurídica ante una mayor incertidumbre sobre la propiedad, los contratos y el acceso al amparo. En la misma encuesta, 55% de las empresas considera que disminuyó la certidumbre respecto de la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo, frente a 3.3% que identifica una mejora.
En el comunicado, la Coparmex indicó que, para quienes invierten y generan empleo, la certeza jurídica implica contar con reglas previsibles, autoridades independientes, procesos imparciales y mecanismos eficaces para hacer cumplir los derechos. Reconoció que México necesita un sistema de justicia que atienda problemas de acceso, lentitud, corrupción e impunidad, y que al mismo tiempo preserve la independencia judicial, la profesionalización, la imparcialidad y el Estado de derecho.
La patronal llamó a abrir una agenda técnica de seguimiento y diálogo con el nuevo Poder Judicial. Señaló que el trabajo de ese poder podrá valorarse en la medida en que garantice certeza jurídica, independencia en sus resoluciones y confianza para la ciudadanía, las empresas y las inversiones. La reforma fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en funciones de 2018 a 2024, y se aprobó al cierre de su administración y al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. Antes y después de su publicación, organismos nacionales e internacionales advirtieron posibles efectos negativos en el mercado por someter a voto popular los cargos de jueces y magistrados.
