La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, rechazó que las modificaciones al Código Penal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial tengan como objetivo castigar memes, sátiras o críticas al gobierno. Lo dijo en la conferencia matutina, al referirse a versiones publicadas por el diario Reforma y retomadas por otros medios, algunas en primeras planas de periódicos de circulación nacional.
Alcalde sostuvo que la reforma está relacionada con la piratería y con la utilización indebida de la identidad gráfica de instituciones públicas para engañar a las personas y cometer delitos. Según explicó, el artículo 403 Bis establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil unidades de medida y actualización (UMAs).
De acuerdo con la explicación oficial y el texto presentado, no basta con utilizar o reproducir un logotipo gubernamental. El delito se configuraría cuando se emplee, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional, un dominio electrónico o un documento oficial de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, con la intención de inducir al error y cometer un ilícito, incluida la suplantación del gobierno. Bajo esos elementos, una crítica, parodia o meme que no busque suplantar a una institución para defraudar no quedaría comprendido, afirmó la consejera.
Como ejemplos, Alcalde mencionó páginas que se hacen pasar por funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para ofrecer recálculos de pensiones a cambio de depósitos, así como comunicaciones apócrifas atribuidas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) u otras dependencias para exigir dinero a las víctimas.
En la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que también se han difundido videos manipulados con inteligencia artificial en los que aparece el director del IMSS con información falsa, o en los que ella misma invita a invertir en una supuesta cuenta de Pemex. Dijo que esas conductas no estaban tipificadas y que se requiere un instrumento jurídico para sancionarlas y procurar que las víctimas recuperen el dinero perdido. Sostuvo que el asunto no tiene que ver con lo político, sino con un fraude cometido mediante una imagen de gobierno.
