La LXI Legislatura del Estado de Querétaro recibió el Informe 2025-2026 del Poder Judicial en sesión solemne del Pleno, el 28 de septiembre de 2026, en el Teatro del Pueblo de Jalpan de Serra. El magistrado Braulio Guerra Urbiola, presidente del Tribunal Superior de Justicia, expuso el estado de la impartición de justicia. Asistió el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, en representación del gobernador Mauricio Kuri González. La sesión fue presidida por el diputado Sinuhé Piedragil Ortiz y contó con el presidente municipal de Jalpan, Rubén Hernández Robles; la presidenta del Sistema Municipal DIF, Cecilia Ugalde Moreno; la alcaldesa de Landa de Matamoros, Yunuen Araceli Benítez; el alcalde de San Joaquín, Carlos Manuel Ledesma Robles, y el fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, además de magistrados, consejeros de la Judicatura, las 43 juezas y jueces de la entidad y público. Antes de iniciar, Piedragil Ortiz pidió un minuto de silencio en memoria de Fernando Cervantes Jaimes, exsecretario de Servicios Parlamentarios.
Con corte al 31 de agosto de 2026, Guerra Urbiola informó que el presupuesto aprobado del Poder Judicial es de mil 545 millones 95 mil 47 pesos: 64% ejercido y 36% por ejercer. La distribución reportada es de 68% en servicios personales, 2% en materiales y suministros, 8% en servicios generales, 20% en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, y 2% en bienes muebles, inmuebles e intangibles. El informe recordó que el Poder Judicial cumplió 200 años y que la Legislatura declaró 2026 como Año del Bicentenario, con una iniciativa para recuperar la denominación de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Querétaro. El magistrado señaló que el Archivo Histórico resguarda más de 300 mil documentos, algunos con más de tres siglos de antigüedad, y que para los trabajos conmemorativos se revisaron más de mil 800 documentos y expedientes. Añadió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó a ese archivo la primera distinción de este tipo a un archivo judicial estatal en el país, y que con el Servicio Postal Mexicano y la Lotería Nacional se emitieron una estampilla y un billete conmemorativos.
En el periodo informado, juezas y jueces dictaron más de 20 mil sentencias y las magistraturas emitieron más de 6 mil resoluciones en salas. Se recibieron más de 66 mil demandas en materias civil, familiar, mercantil y oral mercantil. Según el informe, la litigiosidad creció 43% en cinco años y la actividad de los órganos jurisdiccionales superó las 840 mil promociones, 9.5% más que el año anterior. El personal aumentó 1.7%, cifra que el magistrado vinculó al tope de la Ley de Disciplina Financiera. La materia familiar concentró alrededor de 35% de las demandas, cerca de 60% de las sentencias y más de 90% de las medidas cautelares solicitadas.
Guerra Urbiola informó que este año se incorporó inteligencia artificial al trabajo jurisdiccional con SonIA, herramienta institucional de análisis, búsqueda, elaboración y procesamiento de información, sujeta a lineamientos del Consejo de la Judicatura. El informe consigna 70 sentencias familiares y 103 civiles elaboradas con ese apoyo, 173 en total, además de su uso en transcripciones de juzgados penales y mercantiles orales y en proyectos de sentencia, desahucio, juicios ejecutivos mercantiles, acciones proforma y otros actos procesales. El magistrado sostuvo que algunos procesos se agilizaron hasta 60% y que se trató de las primeras sentencias del país y de Latinoamérica con apoyo de inteligencia artificial, así como de la primera acta del Pleno asistida por esa tecnología. El uso se concentra en el Juzgado Sexto Familiar y el Noveno Civil. El expediente electrónico superó las 14 mil personas usuarias activas, un alza de 32% frente al 12% del año previo. Con Polaris inició la demanda digital en materia ejecutiva mercantil y, en sus primeros meses, se recibieron más de 180 demandas. Según el informe, el Noveno Civil ocupó el primer lugar entre los juzgados civiles en demandas, sentencias y promociones recibidas y acordadas, y mantuvo uno de los niveles más bajos de sentencias pendientes. El Sexto Familiar dictó 810 resoluciones, la cifra más alta entre los 12 juzgados familiares.
En mecanismos alternativos, más de 300 convenios adquirieron carácter de cosa juzgada y se certificó a 89 personas facilitadoras, 46 públicas y 43 privadas, las primeras bajo ese esquema en el estado, de acuerdo con el informe. En materia penal se crearon cinco juzgados, dos especializados en actos de investigación, y con la Fiscalía General del Estado se desarrolló SINERGIA Digital para gestionarlos en entorno digital. Con cifras de la Fiscalía citadas en la sesión, las vinculaciones a proceso aumentaron 48.9% de 2025 a 2026; los cateos autorizados, 41.7% en el mismo lapso y 257% respecto de 2024, y las personas llevadas a audiencia de vinculación, 49%. Las audiencias pasaron de 6,985 en 2024 a 10,569 en 2026. En laboral, las personas juzgadoras pasaron de tres a seis y se recibieron más de 7 mil 600 demandas. El 10 de septiembre inició en San Juan del Río la primera etapa de oralidad civil y familiar, con salas nuevas y una inversión superior a 18 millones de pesos; el 25 de septiembre se realizó la primera audiencia y sentencia oral. Esa etapa comprende tutela y curatela de niñas, niños y adolescentes, adopciones, apoyos y salvaguardias, apego y deslinde, e inmatriculación judicial oral. El Poder Judicial destinó más de 47 millones de pesos a infraestructura, equipamiento y mejora de espacios, con acciones en Ciudad Judicial y San Juan del Río, y adquirió 13 unidades vehiculares. Sobre la reforma que prevé la elección por voto popular de personas juzgadoras, ya aplicada en 14 estados, Guerra Urbiola indicó que quedan dos años para 2028 y que el Poder Judicial mantuvo diálogo con el Legislativo estatal.
