En sesión de trabajo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXI Legislatura, presidida por el diputado Guillermo Vega Guerrero, se presentó para análisis una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. El proyecto propone cambiar la denominación del máximo órgano de impartición de justicia de la entidad a Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Querétaro.
La comisión está integrada por los diputados Enrique Antonio Correa Sada y Homero Barrera McDonald. En la reunión del 25 de septiembre de 2026, en Santiago de Querétaro, también participaron el presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola; la diputada Claudia Díaz Gayou; los diputados Arturo Maximiliano García Pérez y Eric Silva Hernández, además de integrantes del Consejo de la Judicatura, de la Dirección Jurídica y regidores de los ayuntamientos de Querétaro y de Amealco de Bonfil.
Vega Guerrero indicó que, conforme al artículo 51, fracciones I y III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, la iniciativa se remitirá desde ahora a los 18 ayuntamientos para que conozcan su contenido y designen un enlace institucional que dé seguimiento al procedimiento de reforma constitucional. Señaló que ese envío es una actuación preparatoria del trámite legislativo y puede desarrollarse en paralelo al análisis técnico y jurídico de la comisión.
El presidente del Poder Judicial expuso que la denominación propuesta es la que se usó al instalarse el órgano el 3 de junio de 1826, después de que la Constitución local del 12 de agosto de 1825 dispusiera la creación de supremos tribunales de justicia. Recordó que el 28 de febrero de 1843, durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna, esos órganos pasaron a llamarse tribunales superiores de justicia y que, con el restablecimiento del federalismo en 1857, varias entidades recuperaron la connotación de supremos. Guerra Urbiola afirmó que el cambio no es ornamental y que magistradas y magistrados presentaron la iniciativa por unanimidad, en el marco del Año del Bicentenario del Poder Judicial, declarado por esta Legislatura por los 200 años de la impartición de justicia institucionalizada a partir de la Constitución de 1824.
El diputado Homero Barrera McDonald coincidió en que la propuesta busca restituir el nombre con el que el Poder Judicial quedó instalado en 1826 y que fue modificado en el contexto del centralismo del siglo XIX. Al cierre, Vega Guerrero instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios a enviar copia de la iniciativa a cada uno de los 18 ayuntamientos, con fundamento en el artículo 39 de la Constitución local y en el artículo 51, fracciones I y III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
