El coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura, Arturo Maximiliano García, afirmó el 7 de septiembre de 2026 en Santiago de Querétaro que el protocolo 6 de 6 presentado por el Ejecutivo no introduce requisitos nuevos, pues ya se encuentran en la legislación o han operado como mecanismos de transparencia. Lo acompañaron diputados de su bancada, la coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, Georgina Guzmán Álvarez, y Santiago Nieto Castillo. García sostuvo que no se debe informar a la ciudadanía que se implementará algo inédito que marcará una diferencia.
El legislador explicó que las declaraciones patrimoniales, la información sobre propiedades, inversiones y cuentas en el extranjero, así como las declaraciones fiscales y de conflicto de interés, ya forman parte de obligaciones vigentes. Indicó que el 3 de 3 contra la violencia es obligatorio e incluye no contar con sentencia firme por violencia familiar, delitos sexuales o violencia política en razón de género, además de no figurar en el registro de deudores alimentarios. Cuestionó por qué, de pretenderse requisitos obligatorios adicionales, el Ejecutivo no presentó una iniciativa de reforma electoral ante el Congreso. Señaló que los partidos pueden solicitar la revisión de expedientes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La diputada Claudia Díaz Gayou cuestionó la viabilidad jurídica de incorporar el polígrafo, al no estar contemplado como obligación legal. Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido criterios sobre los límites de las autoridades al aplicar mecanismos sin fundamento jurídico y consideró que cualquier filtro para aspirantes a cargos públicos debe respetar el marco constitucional. Santiago Nieto Castillo calificó las medidas impulsadas desde el ámbito estatal como una simulación. Rechazó el polígrafo y cuestionó que se pretenda delegar la revisión fiscal a colegios de profesionistas privados. Recordó que en precedentes como Pemexgate y Amigos de Fox la fiscalización efectiva provenía de investigaciones financieras formales, no de declaraciones voluntarias.
Nieto Castillo propuso adoptar una iniciativa denominada 8 de 8 Plus, orientada a problemáticas específicas de Querétaro. Planteó incorporar la revisión de posibles vínculos con redes de corrupción inmobiliaria y con el lucro indebido del agua como requisitos para quienes aspiren a un cargo de elección popular. El componente Plus consiste en seguir la ruta del dinero cuando existan indicios fundados de enriquecimiento ilícito, de modo que las autoridades competentes amplíen las indagatorias al círculo financiero relacionado, incluidos esquemas corporativos, prestanombres o familiares, por los cauces legales. Precisó que no se trata de perseguir familias ni presumir culpabilidad por parentesco, sino de impedir que el vínculo familiar se use como escudo para ocultar patrimonios o conflictos de interés, en México o en el extranjero.
Los legisladores coincidieron en que la fiscalización debe recaer en instituciones del Estado con atribuciones legales, como la UIF, el SAT, la FGR, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las autoridades electorales. Hicieron un llamado a las fuerzas políticas a utilizar las herramientas ya previstas en la legislación local y federal, y a fortalecer los mecanismos institucionales de transparencia y combate a la corrupción, en lugar de presentar como novedad instrumentos que ya contempla la ley.
