La diputada federal Abigail Arredondo Ramos, del PRI por Querétaro, presentó una iniciativa para incorporar en la Ley Federal del Trabajo la figura de “Finiquito Seguro”. El planteamiento busca garantizar que toda persona trabajadora reciba, en un plazo máximo de tres días naturales después de concluida la relación laboral, el recibo de finiquito y el pago de las prestaciones que legalmente le correspondan.
La legisladora explicó que hoy existe un vacío legal respecto a la forma y el momento en que debe entregarse y cubrirse el finiquito, lo que genera incertidumbre económica y deja a las personas trabajadoras en desventaja frente a la parte patronal. El proyecto reforma los artículos 46, 48 y 52 de la Ley Federal del Trabajo. El texto contempla como mínimo los días laborados y no pagados del último periodo de trabajo, la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, y la prima de antigüedad cuando legalmente corresponda.
Si el patrón no entrega de manera oportuna el finiquito y el pago, deberá cubrir un interés de 2 por ciento mensual sobre la cantidad no entregada, capitalizable al momento del pago. Arredondo Ramos señaló que la medida pretende evitar que la necesidad económica de quien acaba de separarse de su empleo se utilice como presión para aceptar cantidades inferiores a las que le corresponden. La iniciativa añade que la recepción o firma del recibo de finiquito no prejuzgará sobre la causa de la rescisión ni implicará la renuncia a otros derechos, prestaciones o indemnizaciones que puedan ser reclamados por la persona trabajadora o por el patrón.
La diputada indicó que el finiquito comprende prestaciones ya generadas durante la relación laboral, como salarios pendientes, aguinaldo proporcional, vacaciones y prima vacacional, así como la prima de antigüedad en los casos previstos por la ley. Según datos del INEGI, en 2025 se registraron 104 mil 741 conflictos individuales de trabajo, cifra que representó un incremento anual de 10 por ciento. En el mismo periodo se contabilizaron 515 mil 780 convenios de trabajo prejudiciales, de los cuales 44.7 por ciento se relacionaron con retiro voluntario y 15.6 por ciento con terminación de contrato.
Arredondo Ramos puntualizó que el objetivo de la reforma es que, al terminar un empleo, la persona trabajadora sepa cuánto le corresponde, cuándo debe recibirlo y que cobrar su finiquito no signifique renunciar a ningún otro derecho laboral.
