El Gobierno de México y representantes del sector gasolinero renovaron el 31 de agosto el acuerdo voluntario para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de 24 pesos por litro y fijar un tope de 27 pesos para el diésel. La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó el convenio en una reunión con empresarios del ramo en Palacio Nacional, después de que autoridades y el sector alcanzaran el entendimiento el 20 de agosto.
La renovación prolonga seis meses, hasta febrero de 2027, la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel. Con ella, el Ejecutivo busca impedir que el encarecimiento de los combustibles se traslade a otros productos y servicios, en particular a través de los costos del transporte de mercancías. El límite de referencia del diésel queda en menos de 27 pesos, frente a los 28 pesos pactados en abril ante el incremento de los precios internacionales del petróleo.
En las franjas fronterizas los precios serán menores, entre otros factores, por la aplicación de una tasa reducida del 8% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El convenio tiene carácter voluntario y no impone un precio máximo obligatorio a todas las estaciones de servicio. Las tarifas pueden variar según las condiciones operativas, la ubicación y los costos logísticos de cada establecimiento.
La estrategia para la gasolina regular comenzó en febrero de 2025 y desde entonces se ha renovado de forma periódica. Además de los topes de precio, las negociaciones han incluido la reducción de comisiones por pagos con tarjeta y otros medios electrónicos, la simplificación de trámites, el combate al mercado ilícito de hidrocarburos y acciones para mejorar las cadenas de suministro. El Gobierno también aplica estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para amortiguar las variaciones internacionales.
Sheinbaum indicó que el pacto busca combatir la inflación y la carestía. La renovación ocurre tras meses de volatilidad en los mercados energéticos internacionales, que llevó al Ejecutivo a reforzar mecanismos para que los aumentos del petróleo y sus derivados no repercutan de forma directa en los consumidores.
