El gobierno ha anunciado que el día 21 de enero dará a conocer su propuesta para reducir el hambre y la pobreza en el país. Si bien un objetivo de ese tipo es loable, es necesario advertir que para poder concretarlo se requiere darle una visión y un contenido mucho más ambicioso que asimile y las experiencias de programas que pusieron en marcha anteriores administraciones nuestro país, así como las experiencias de otras economías, como la brasileña.
Es importante recordar que México ya ha desarrollado experiencias de políticas públicas orientadas a combatir el hambre y la pobreza. Esas experiencias han contribuido a generar un marco legal con ese propósito:Nueve tratados internacionales en relación con derechos humanos, que obligan jurídicamente a México a hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada.Reformas a la Constitución (13 de octubre de 2011) por las que se incluyó el derecho a la alimentación en los artículos 4 y 27 de la Constitución.El artículo 1 de la Constitución dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en los que México sea parte.Anteriormente, en la Constitución ya se mencionaba el derecho de los niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación (art. 4) y la obligación de los estados de apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación (art. 2 B) III y VIII).Además, los artículos 2, párrafo 1, y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen que México debe dedicar el máximo de los recursos disponibles a lograr progresivamente la efectividad del derecho a la alimentación.
