Con el objetivo de que el usuario final no se confunda entre empresas formales e ilegales, y ante la creciente participación de compañías de seguridad privada erróneamente llamadas “patito”, es necesario que las autoridades estatales y federales lleven a cabo una “cruzada nacional” de regulación, facilitando los procesos de registro y divulgado con énfasis que sólo ellas son las autorizadas para difundir el estatus ante el usuario final.
“Mucho se habla de miles de empresas irregulares en el sector, de los millones de pesos que perciben, de la ilegalidad de su operación, de poca calidad y de rotación de personal; sin embargo, hasta hoy ningún grupo o asociación ha planteado una solución, sólo solicitan su desaparición sin analizar la real situación bajo la que operan. No se trata de eliminar compañías que de alguna manera son fuente de empleo para miles de familias, se requiere llevarlas a la legalidad”, afirmó Mario Espinosa Boulogne, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
